Pocos, pero ruidosos. Son apenas unos cuantos los gobiernos que le ha tocado encabezar a Morena en el estado —eminentemente priista— de Coahuila, y en todos ya se armó el escándalo. Le hemos estado platicando del momento amargo que vive Múzquiz, pero otro municipio que va que vuela para llenarse de conflictos es Piedras Negras, gobernado por Jacobo Rodríguez, hijo —dice él— de la Cuarta Transformación.
Y es que resulta que ayer se reveló un escándalo en el que está involucrado Mesías Menera, hermano de Lorenzo Menera, antes incondicional de Jacobo y exdirector del Simas, quien, como usted recordará, fue desalojado a rastras de sus oficinas acusado de malos manejos.
Menera, quien además fue candidato independiente en las pasadas elecciones, fue detenido este fin de semana por conducir en estado de ebriedad cerca de las instalaciones del DIF. Una vez detenido, las autoridades le informaron que sobre él pesa una denuncia por el presunto delito de abuso sexual en contra de una menor de 16 años.
Las autoridades regionales de la PRONNIF aseguran que existe una carpeta de investigación abierta por dichos hechos.
Pero la cosa no termina ahí, pues resulta que, en medio de su coraje y desesperación, Menera habría declarado tener información fehaciente de que Jacobo Rodríguez seguiría los mismos pasos de Tania Flores. ¿Será?
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Estalló el conflicto en el Museo de la Catrina. Más allá de que se trate de un tema de interés personal y familiar, este asunto cobra relevancia pública porque los denunciantes son tres adolescentes que aseguran ser víctimas de maltrato en el seno de su familia y porque se trata de uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.
Resulta que, como usted seguramente sabe, este espacio —que ha cobrado fama nacional e internacional— es patrimonio de una familia que desde hace años se ha dedicado a impulsarlo.
Ayer, a través de un video difundido en redes sociales, los tres hijos del matrimonio propietario del complejo museográfico denunciaron públicamente ser víctimas de maltrato y rechazo por parte de su madre, Cinthia Fuentes.
Aseguran que, pese a haber trabajado más de 17 años al servicio del proyecto familiar, hoy están a punto de ser echados a la calle.
Denunciaron incluso la omisión y la falta de protección de las autoridades que, al igual que su madre, afirman, los han desamparado.
¿Dónde está, pues, aquello de que en Coahuila los niños, las mujeres y las familias son primero?
¿Sabrán las autoridades del DIF Saltillo-Coahuila que estos muchachos están desamparados y emocionalmente lastimados —igual que muchos otros— por la falta de atención?
Es pregunta.
¡¡Yássas!!