Salud mental en Tamaulipas: la ley está, ahora falta lo difícil

Acaba de publicarse en Tamaulipas, el Decreto 66-1026, una de las leyes que nacen bien intencionadas y que el tiempo, los presupuestos y la voluntad política convertirán en hazaña o en hojarasca. 

La Ley para la Atención Integral de la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial es, sobre el papel, una de las más completas del país. 

Reconoce el consentimiento informado, privilegia la atención comunitaria sobre el viejo modelo manicomial, prohíbe expresamente el uso de psicofármacos como castigo en menores y crea un Programa Estatal de Prevención del Suicidio en una entidad donde las cifras llevan años escalando en silencio. 

El gobernador Américo Villarreal Anaya, médico de formación, firma con esto uno de los decretos más sensibles de su administración. La pregunta no es si quiere cumplirla, sino si su Secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, etiquetará los recursos necesarios. Porque sin presupuesto, hasta la mejor ley se vuelve adorno.

La Secretaría de Salud, encabezada por la Dra. Adriana Marcela Hernández Campos, tendrá la papa caliente: operar la Unidad Técnica Estatal, montar la Red de Centros Comunitarios y conseguir psiquiatras donde hoy no hay ni psicólogos.  

Mientras tanto en el Congreso, la LXVI Legislatura se anota la palomita, con el coordinador de Morena Humberto Prieto Herrera y el diputado Víctor Manuel García Fuentes, presidente de la Comisión de Salud, como rostros visibles de un dictamen que tomó más de dos años en cocinarse. 

El reto real comienza ahora: convertir 92 artículos en consultas reales, en centros abiertos, en vidas salvadas. Lo demás es discurso. Y discurso, en salud mental, ya tuvimos demasiado. 

Vale la pena mencionar que hubo un cabildeo notable de organizaciones de la sociedad civil, colegios de psicólogos y psiquiatras, asociaciones de familiares y voces académicas. Es decir se debe reconocer que el texto no salió de un escritorio burocrático: tuvo escucha real, aunque también arrastra la huella de los acuerdos políticos que toda ley requiere.

También aparecen los otros operadores: la Secretaría de Educación, encargada de los programas socioemocionales en escuelas; la Secretaría de Bienestar Social, la de Seguridad Pública, la del Trabajo, y el Sistema DIF Estatal.

Todos ellos integrarán el Consejo Estatal de Coordinación. La pregunta es si dialogarán o competirán entre sí.  El actor decisivo es: la sociedad civil organizada, quienes empujaron el dictamen y que ahora tendrá que vigilar el cumplimiento. Y un cuarto poder, los medios, obligados a preguntar lo incómodo: ¿cuánto, cuándo, dónde, quién? 

SENSATEZ ANTES QUE ESPECTÁCULO 

En la política se suele privilegiar la forma sobre el fondo, por ello llama la atención la decisión responsable de aplazar la comparecencia de la Secretaria de Salud de Tamaulipas, Adriana Marcela Hernández Campos, ante el Congreso del Estado en el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno. 

Con apenas unos meses al frente de una de las instituciones más demandantes, amplias y complejas del aparato estatal, la titular optó por el camino sensato: no presentarse a hablar de datos, cifras y numeralia sin antes haber concluido el proceso de entrega-recepción que la propia ley contempla en un plazo de 90 días. Hablar de salud pública sin fundamentos claros sería irresponsable; pararse ante los legisladores con información incompleta, simplemente una simulación. 

El Congreso Local, a propuesta de la Junta de Gobierno encabezada por Humberto Prieto Herrera, validó esta postura con 26 votos a favor. La decisión es congruente, honesta y respetuosa frente a uno de los temas que más duele y preocupa a la población: su salud. Posponer no es evadir. Es reconocer que los tamaulipecos merecen información seria, verificada y útil, no discursos improvisados. Eso también es gobernar con responsabilidad.

¡¡Yássas!!