¿Por qué los regiomontanos estamos en contra de la censura y del espionaje oficialista?

Solía contar la broma el expresidente Ronald Reagan: decía que, si tú llegabas a un país totalitario como la URSS, tenías que saber que, en tu cuarto de hotel, el televisor no servía para verlo, sino para que te vieran.

La anécdota de Reagan ahora se extiende al ecosistema mediático y de redes sociales. Usuarios de internet, proveedores de estos servicios del espectro radioeléctrico: todos somos víctimas de que un burócrata, con un simple clic, nos quite nuestro contenido, nuestra plataforma, nuestra cuenta, nuestra señal, simplemente porque no le gusta al gobernante lo que opinamos, lo que expresamos o por lo que protestemos. 

Los regiomontanos valoramos tanto la libertad de expresión que nunca estaremos dispuestos a que un político represor nos quite el derecho de mentarle la madre. Así de claro. 

A los regiomontanos no nos gusta que nos espíen, ni que sigan nuestros pasos con geolocalización en tiempo real, ni que ninguno de los tres órdenes de gobierno nos limite o cancele nuestra libertad de expresión. Es muy común en Monterrey que, aunque no tengamos ningún vínculo con el gobierno, hablemos por celular en clave. Es una costumbre regional que no sucede en casi ninguna otra parte del país. 

Por eso tampoco nos gusta que nos bloqueen la señal; odiamos que almacenen nuestros datos personales para tenernos controlados y, lo peor: que nos vigilen mediante geolocalización en tiempo real.   

¿Qué significa la geolocalización en tiempo real? Que el gobierno sepa tu ubicación exacta, de forma continua e instantánea. La geolocalización sin consentimiento del afectado, sin la autorización de una autoridad judicial competente, es un ultraje, un abuso y un acto indigno contra nuestra privacidad, es decir, contra nuestra libertad. 

Si eso ya se hacía antes, qué mal. Si ahora se oficializa, es peor. 

Ahora bien, si los jueces forman parte de un esquema de erosión del Estado de Derecho y si ya no garantizan nuestra seguridad jurídica, la geolocalización es un espionaje consentido y avalado judicialmente. Algo similar pasa con el almacenamiento de datos personales sin consentimiento del afectado. Y si media la autorización de un juez que es cómplice de esta infamia, el delito sigue estando ahí, la injusticia sigue estando ahí, aunque se apegue a derecho. Esto sucede cuando las instancias jurisdiccionales se convierten también en un espacio de poder, como evidentemente sucede en México. 

De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya resolvió hace años que la entrega de datos biométricos viola derechos a la privacidad, a la intimidad y a la protección de datos personales y sensibles. Así lo determinó la Corte al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021. 

No podemos arriar las banderas de nuestra libertad por amenazas o amedrentamiento de una autoridad pública, cualquiera que esta sea.