En Tamaulipas hay dos nombres que ya nadie pronuncia en voz baja. Carmen Lilia Canturosas, alcaldesa de Nuevo Laredo, y Tania Contreras, magistrada presidenta del Poder Judicial estatal, comparten partido, género, formación jurídica y, según se ha publicado, también el sueño de la gubernatura en 2028.
Ahí se acaban las semejanzas. Carmen Lilia gobierna la frontera más rica del noreste con calificación Triple A de Fitch, una inversión histórica de 5 mil 600 millones de pesos en obra pública, plantas tratadoras que se exhiben en la ONU y trece clínicas funcionando en colonias que llevaban décadas esperando. Eso es verificable, está auditado y se camina. No se lo regalaron: se lo ganó dos veces en las urnas.
Tania Contreras, por su parte, encarna un capítulo inédito: la primera mujer electa por voto popular para presidir el Poder Judicial de Tamaulipas. Y hay que reconocer lo que ha traído consigo. La nivelación salarial al 85 por ciento del personal, la certificación nacional en mecanismos alternativos de justicia, el rezago abatido en los primeros 100 días, las herramientas digitales para validar sentencias y una cercanía con la academia que hacía mucho no se veía.
Es, sin duda, otra cara del Poder Judicial. Ahora, también es justo decirlo con respeto: queda pendiente disipar del todo las dudas que dejó la columna de Héctor de Mauleón en El Universal y la respuesta jurídica que vino después. Artículo 19, el CPJ y la SIP levantaron la mano, y esa conversación todavía merece cerrarse con transparencia, no con silencio. Aquí el punto ciego que pocos quieren tocar, con cariño lo digo: el feminismo no consiste en defender a cualquier mujer en el poder. Consiste en exigirles, también a ellas, lo que les exigimos a ellos. Una construye con cemento, la otra reconstruye una institución desde dentro. Tamaulipas decidirá cuál de las dos narrativas pesa más.
MATAMOROS YA NO PERDONA: EL RETO DE LA NUEVA TRÁNSITO
René Santiago al frente del despacho de la Dirección de Tránsito en Matamoros llega en un momento delicado, en una ciudad que conoce de sobra el daño que provoca un cuerpo de tránsito desordenado, y eso, queramos o no, lo coloca bajo una lupa que no perdona. Las palabras que han comenzado a circular son dos: innovación y estrategia. Conviene reconocer que la administración encabezada por Alberto Granados ha dado pasos que merecen ser señalados con la misma seriedad con que se señalan los pendientes.
El equipamiento de los elementos, el monitoreo de veinticuatro horas sobre las unidades de servicio, los esquemas de capacitación que incluyen entrenamiento en primeros auxilios, son medidas que no deben pasarse por alto. Tampoco debe minimizarse el hecho de que se hayan dado de baja elementos sorprendidos en actos de corrupción. En una ciudad acostumbrada a que la mordida sea un peaje informal, el simple gesto de cesar a quien se desvía manda una señal que vale la pena tomarse en serio.
El otro frente, el de las mejoras laborales para los elementos, también merece una lectura más fina. Hablar de mejores sueldos, capacitación constante y dignificación del oficial no es un capricho progresista, es sentido común administrativo. Quien gana mal y trabaja en condiciones precarias es terreno fértil para la tentación de la coima. Pretender combatir la corrupción sin tocar las condiciones materiales del trabajo es como apagar un incendio con un vaso de agua.
Está muy bien que exista monitoreo de veinticuatro horas, pero ¿cómo accede el ciudadano a esa información cuando es víctima de un abuso? ¿Existe una línea de denuncia que de verdad opere, con seguimiento documentado y resoluciones públicas? La cero impunidad solo es real cuando el ciudadano siente que tiene a quién acudir. ¿Qué le pediría al nuevo encargado del despacho? Tres cosas concretas. Primero, transparencia en los criterios operativos, con datos abiertos y consultables. Segundo, indicadores medibles de la gestión, que al cierre de cada trimestre se sepa cuántas denuncias hubo, cómo se resolvieron, cuántos elementos fueron sancionados. Tercero, canales reales de interlocución con la ciudadanía, no buzones decorativos. Creo, que las condiciones para una transformación están dadas. La voluntad política parece existir, el equipamiento ha llegado, las bajas por corrupción se han concretado.
Matamoros merece una Dirección de Tránsito a la altura de su complejidad. Una que no sea sinónimo de miedo cuando uno ve las luces azules en el retrovisor, sino de respaldo. Si René Santiago entiende eso, y si Alberto Granados sostiene la apuesta más allá del corto plazo, podemos estar ante el inicio de un cambio real.
¡¡Yássas!!