Se les acaba el cuento

El tiro por la culata. Así podría resumirse la historia del “empresario” Arturo Domínguez, quien dijo ser originario de Monclova y que, con bombo y platillo, salió el pasado 25 de septiembre a anunciar que era el nuevo dueño de Altos Hornos de México.

Sin embargo, tras la cadena de inconsistencias, declaraciones falsas y promesas incumplidas que ha acumulado desde entonces, el asunto podría convertirse en un problema serio para él. Su tiempo se agotó y terminó peor que un comediante sin gracia. El pueblo de Monclova y las familias ligadas a AHMSA difícilmente le perdonarán la ofensa. Y parece que la ley tampoco.

Resulta que la jueza federal Ruth Haggi Huerta ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue la actuación de Domínguez Arteaga en la subasta, luego de no acreditar el depósito de la garantía de seriedad exigida para mantener vigente su oferta de compra de la siderúrgica. Veremos si de ahí derivan responsabilidades legales que lo obliguen a rendir cuentas.

Pero la pregunta sigue en el aire: ¿quién está, además del propio Domínguez, detrás de esta farsa? Porque ni las autoridades del Poder Judicial ni los gobiernos federal y estatal levantaron la voz frente a lo que hoy parece un montaje de proporciones considerables. ¿Qué intereses oscuros se movían detrás de esta comedia? Seguramente pronto lo sabremos.

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Y hablando de empresas, en Nava existe un problema que las autoridades federales, particularmente la Semarnat, deberían atender con rapidez.

La planta carboeléctrica que opera en ese municipio comenzó desde hace varios días a emitir grandes cantidades de humo negro, situación que ha generado inquietud entre los habitantes de la región.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales junto con cuestionamientos sobre los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente. Posteriormente, se informó de manera oficial que el fenómeno obedecía a una falla en el compresor de ceniza volante y que no representaba peligro para la población.

Aun así, la Procuraduría Ambiental de Coahuila ya dio vista a las dependencias federales competentes. Esas mismas que suelen realizar inspecciones discretas y que, según afirman, terminan en sanciones cuando encuentran irregularidades.

La pregunta es obligada: ¿hay motivo para la alarma o solo se trata de una falla operativa sin mayores consecuencias? Habrá que ver si la autoridad ofrece respuestas más contundentes. ¡Uffff!

¡¡Yássas!!