El 23 de abril de 2026, entre las calles Guatemala y Juan B. Justo, en el corazón de Buenos Aires, un hombre con pasaporte guatemalteco falso a nombre de Luis Lemus Ramos caminaba entre la multitud cuando agentes de la Policía Federal Argentina lo detuvieron.
Era Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Secretaría de Marina mexicana, prófugo desde noviembre de 2024, con ficha roja de Interpol en 192 países y acusado de liderar, junto a su hermano Manuel Roberto —ya preso en el Altiplano—, la red de “Los Primos”: una de las estructuras más sofisticadas de huachicol fiscal que nos ha costado a los mexicanos más de $515,000 millones de pesos entre 2019 y 2026.
Basta señalar que, en 2025, según el Observatorio Ciudadano de Energía, el golpe fue de $123,000 millones de pesos.
Farías, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, no huía por un delito de corrupción típico de la política en México: corría de una conspiración que tuvo su origen operativo en San Pedro.
Lo platiqué con el propio Mauricio Fernández. El imperio del huachicol fiscal escribió uno de sus capítulos más oscuros el 22 de noviembre de 2021, en una barbería de lujo del municipio, dos sicarios profesionales acribillaron a Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”.
Carmona no era un narco de sicarios ni un ladrón de ductos. Era el empresario simpático y dicharachero que había perfeccionado el huachicol fiscal: contrabandeaba hidrocarburos desde Texas, con importaciones simuladas como “aceites y lubricantes”, facturación falsa y protección en aduanas de Reynosa y Matamoros.
Su asesinato a plena luz del día —sin que quedara un solo video ni un testigo, pese a la videovigilancia de San Pedro— no fue el fin de la red. Fue su detonante.
Su muerte dejó un vacío millonario que otros, con uniformes navales y empresas fachada, se apresuraron a llenar.
Desde San Pedro, la maquinaria siguió girando. Muchas empresas aparentemente serias, desarrollos inmobiliarios para ser precisos, se convirtieron en los pilares visibles del nuevo esquema.
El 21 de mayo de 2025, una explosión devastadora en la empresa Marvic consumió más de 130,000 litros de diésel en 13 tanques, dejando un incendio visible desde kilómetros y una persona lesionada.
Su dueño ya estaba en la mira federal —¿o se había salido del huacal?— por tráfico irregular de combustible desde EUA.
Pero eso era solo la punta del iceberg: la red de Farías había logrado ingresar al menos 31 buques con combustible ilegal por puertos como Altamira y Tampico, cobrando hasta $2 millones de pesos por buque en sobornos a aduaneros y marinos.
En 2025 se decomisaron 10 millones de litros. Era un solo golpe contra el huachicol.
En San Pedro se concentraban —¿tiempo pasado?— las oficinas de las empresas que “blanqueaban” el combustible robado o contrabandeado: facturas falsas, transportes que salían hacia todo el país y la ilusión de legalidad en uno de los municipios con menor percepción de inseguridad del país.
Mientras las tomas clandestinas tradicionales operaban, el verdadero negocio millonario se movía en oficinas y tractocamiones con logos corporativos. Así de simple.
La detención de Farías en Argentina cierra un círculo sangriento que comenzó en aquella barbería de San Pedro.
Las investigaciones de la FGR, alimentadas por el asesinato de Carmona y por denuncias internas de la propia Marina, revelan una red que reclutaba marinos, aduaneros y empresarios para saquear al erario con una sofisticación que el huachicol tradicional nunca tuvo.
En Nuevo León, el corredor Monterrey-Cadereyta-San Pedro se convirtió en el nudo estratégico.
Ahora, en tanto Farías espera la extradición en una celda argentina, el fantasma de Carmona sigue rondando en San Pedro.
¿Quién ordenó su ejecución?
La respuesta, como los millones de litros de huachicol fiscal, sigue escondida en la sombra.
Pero el negocio que nació en las aduanas de Tamaulipas y se consolidó en ciudades como San Pedro no ha muerto. ¿Cambió de uniforme? ¿Sigue donde mismo su cuartel general?