Silencio que lastima escuelas

“Educar no es llenar un vaso, sino encender un fuego”, decía Platón. Pero cuando quienes deberían cuidar la educación permiten que ese fuego se apague entre conflictos, abusos y silencio institucional, lo que queda no es conocimiento, sino desconfianza.

Algo no está funcionando en la Secretaría de Educación de Coahuila. En los últimos meses se han acumulado casos que, lejos de ser aislados, comienzan a dibujar un patrón preocupante: conflictos internos, denuncias sin resolver y una autoridad educativa que parece llegar siempre tarde. El secretario Emanuel Garza Fishburn insiste en hablar de modernización, de indicadores y de plataformas digitales, pero en el terreno donde realmente se juega la educación —las aulas— la realidad es muy distinta.

Ahí está el caso de la primaria Maestros Coahuilenses en Ramos Arizpe. Un plantel con más de 400 alumnos donde los docentes decidieron hacer público su malestar colocando una manta afuera de la escuela para denunciar presunto hostigamiento laboral por parte de la subdirectora. Cuando los maestros tienen que recurrir a una protesta visible para ser escuchados, significa que los canales institucionales dejaron de funcionar hace tiempo. La supervisión escolar fue notificada, dicen los profesores, pero la respuesta simplemente no llegó. Y mientras la burocracia educativa se mueve con su lentitud acostumbrada, el ambiente laboral dentro del plantel se deteriora.

El conflicto en Ramos Arizpe no es el único foco rojo. En la Escuela Normal de Educación Física, varias alumnas denunciaron desde hace más de un año a docentes por presunto acoso y abuso sexual. Las denuncias se acompañaron de testimonios y pruebas, pero hasta ahora las sanciones no aparecen. De acuerdo con las propias estudiantes, la única “medida” tomada fue cambiar de actividad a los señalados: mover el problema de lugar sin resolverlo.

Más grave aún, algunas de las denunciantes aseguran haber recibido presiones para desistir. En el proceso judicial incluso han ocurrido episodios desconcertantes, como la liberación de uno de los acusados después de haber sido detenido por orden de un juez. La pregunta inevitable es si las autoridades educativas realmente están dando seguimiento al caso o si —como suele ocurrir en estos temas incómodos— se optó por dejar que el tiempo diluya el escándalo.

Porque al final el fondo del asunto no es administrativo ni político: es moral. Una Secretaría de Educación que no logra proteger a sus estudiantes ni garantizar condiciones laborales dignas para los maestros termina enviando un mensaje devastador. Y ese mensaje es que el sistema prefiere proteger su imagen antes que enfrentar sus problemas.

Si algo debería entender el secretario Garza Fishburn es que la educación no se mide únicamente en cifras de inscripción o programas anunciados en conferencias. Se mide en la confianza de quienes enseñan y de quienes aprenden. Y cuando esa confianza empieza a romperse, lo que está en riesgo no es sólo la reputación de una dependencia, sino el futuro mismo de la escuela pública.

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Hay además un elemento que preocupa a quienes conocen de cerca el sistema educativo: la cultura del silencio. Durante años, muchos conflictos dentro de las escuelas se han “resuelto” bajo la lógica de no hacer ruido: cambios de adscripción, movimientos internos o simples llamados de atención que nunca trascienden. Ese modelo sirve para esconder problemas, pero no para solucionarlos.

En Coahuila, la educación ha sido históricamente uno de los pilares del desarrollo social. Pero si las autoridades permiten que las denuncias se acumulen sin respuesta, ese prestigio comienza a erosionarse. No se trata de escándalos mediáticos ni de golpeteo político; se trata de algo mucho más básico: garantizar que las escuelas sean espacios seguros y justos.

Porque cuando la autoridad no actúa, el mensaje que se envía es claro: en el sistema educativo hay problemas que simplemente nadie quiere tocar.

¡¡Yássas!!