Por estos días, mientras el debate nacional sobre seguridad suele girar en torno a lo que falta, conviene detenerse en lo que sí está ocurriendo en Tamaulipas.
El estado acaba de colocarse en el cuarto lugar nacional en la obtención del Certificado Único Policial, y detrás de ese dato hay una historia que merece contarse con calma: la de una apuesta sostenida por formar y evaluar a quienes portan un uniforme.
Más de 6,000 constancias de capacitación entregadas al personal de la Guardia Estatal y otros cuerpos operativos hablan de un esfuerzo que no se improvisa. El secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, detalla que las especializaciones abarcan desde tránsito estatal y policía procesal hasta medicina táctica, derechos humanos y actuación frente a casos de violencia contra las mujeres y feminicidios, terrenos donde históricamente la policía mexicana ha mostrado vacíos preocupantes.
El respaldo financiero acompaña el discurso: más de $10 millones de pesos federales y $13 millones estatales destinados a formación, además de la certificación de 2,605 elementos por parte del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.
Lo siguiente, y aquí viene la oportunidad más interesante, será contarle a la ciudadanía cómo se traduce todo esto en su vida cotidiana: qué lugar ocupan los estados que encabezan la lista, qué proporción del total representan los elementos ya certificados y, sobre todo, cómo estos esfuerzos se reflejan en la percepción de seguridad y en los indicadores delictivos.
Sumar la voz de observatorios ciudadanos y especialistas enriquecería aún más una narrativa que, de entrada, tiene mucho que presumir. Mientras otros estados siguen aplazando la conversación, Tamaulipas la está teniendo. Y eso, en el México de hoy, ya dice bastante.
SALUD MENTAL: LA DEUDA QUE SIGUE ESPERANDO
Nunca habíamos hablado tanto de salud mental y, paradójicamente, nunca habíamos estado tan mal. Los números lo gritan, aunque a veces preferimos no escucharlos: uno de cada siete adolescentes vive con un trastorno mental, el suicidio se ha instalado como la tercera causa de muerte entre los 15 y 29 años, y más del 54% de los jóvenes reporta haber enfrentado problemas emocionales en el último año.
En las universidades, la fotografía es todavía más cruda: hasta el 40% de los estudiantes carga con ansiedad o depresión, y uno de cada ocho ha intentado quitarse la vida.
Detrás de cada porcentaje hay un nombre, una madre que no duerme, un pupitre vacío. No es debilidad individual. Es un entorno emocional colapsado, amplificado por pantallas que consumen más de tres horas diarias, por un mercado laboral que exige sin contener, y por una conversación pública que abunda en hashtags, pero escasea en política pública.
Nuestros jóvenes no están enfermos; están respondiendo a un mundo que sí lo está. Y conviene decirlo con todas sus letras: lo que hoy llamamos crisis silenciosa es, en realidad, una crisis ignorada. Mientras tanto, diecisiete estados del país ya publicaron su Ley de Salud Mental. Tamaulipas, no. Aquí la iniciativa existe, impulsada por legisladores como Víctor García y respaldada por organizaciones ciudadanas como Vibra/TAM, pero continúa esperando turno en el Periódico Oficial.
Y una ley sin reglamento ni presupuesto es, con franqueza, apenas decoración legislativa. El argumento humano debería bastar, pero por si hiciera falta uno más pragmático: la Organización Mundial de la Salud calcula que por cada dólar invertido en tratar la ansiedad y la depresión, se recuperan alrededor de cuatro en productividad económica. No actuar, entonces, también es caro. Lo pagan las familias en consultas privadas que no todos pueden costear, lo pagan las empresas en ausentismo y rotación, y lo paga el estado en un sistema de salud pública que ya trabaja saturado, con más demanda que camas, más pacientes que psiquiatras. Lo rescatable, y hay que subrayarlo, es que el tema salió del armario.
Se habla en sobremesas, en aulas, en medios. Lo urgente es que la prevención salga también del consultorio y llegue a parques, escuelas y centros de trabajo bajo la NOM-035, con tecnología accesible, redes comunitarias y modelos que la OMS y experiencias internacionales como las Blue Zones llevan años validando.
La salud mental, hoy sabemos, se cuida tanto en una terapia como en una plaza pública bien iluminada, en un club de lectura, en un programa municipal de actividad física. Queda una pregunta que Tamaulipas debe responder sin rodeos, sin más mesas de diálogo, sin otra fotografía de firma protocolaria: ¿fecha concreta de publicación en el Periódico Oficial? Porque mientras el documento no camine, los que no pueden esperar siguen siendo los de siempre.
¡¡Yássas!!