Tamaulipas redefine su papel en la salud pública

En el Salón Independencia de Ciudad Victoria hubo más aplausos que preguntas. 

La Junta de Gobierno del OPD Servicios de Salud de Tamaulipas aprobó 16 acuerdos en su tercera sesión ordinaria, y el gobernador Américo Villarreal Anaya salió de ahí con reconocimientos de los sindicatos y de la representación federal. 

Esa es la foto. Lo interesante está en lo que no se dijo. Primero, el calendario. Los acuerdos son del segundo trimestre, de abril a junio, y se aprobaron ya entrado noviembre. Cuando las cuentas de salud se revisan con cinco meses de atraso, lo que se evalúa es historia y no la sala de urgencias de hoy. 

Segundo, el papel que le queda al estado. Desde que Tamaulipas pasó al IMSS Bienestar cientos de unidades médicas y miles de trabajadores, la operación diaria ya no es del todo estatal. Por eso el gobernador habló de una Secretaría de Salud “rectora”, que válida indicadores y supervisa en “corresponsabilidad”. Suena bien, pero deja un hueco: si en un centro de salud de Tampico falta el medicamento, ¿a quién le reclama la familia, al estado o a la federación? Cuando la responsabilidad se reparte, muchas veces nadie la asume. 

Tercero, quién aplaudió. Salvador Alberto Cal y Mayor Coutiño habló en nombre de Marco Antonio García Ayala, líder nacional del sindicato de Salud, y Blanca Valles Rodríguez lo hizo por el SUTSPET, que encabeza desde hace casi tres décadas mientras parte de su base pide relevo. Su gratitud tiene lógica, porque las plazas, la basificación y la estabilidad laboral son la moneda de esa relación. Ana Lilia Mosqueda González completó el coro desde la federación.

Cuarto, quién más estaba en la mesa. Ricardo Guerrero Morales moderó como secretario de Salud, pero que estuvieran Carlos Irán Ramírez González, de Finanzas, y Luisa Eugenia Manautou Galván, de Administración, no fue casualidad. Se habló de los lineamientos 2027 y del Plan Anual de Inversión justo cuando se cocina el presupuesto del próximo año.

Ahí está el verdadero tema: cuánto dinero sigue poniendo Tamaulipas en un sistema que ya no controla por completo. Los aplausos se entienden, pero no curan. Sería sano que esta Junta publicara cada trimestre, a tiempo y en palabras que cualquiera entienda, cuántas recetas se surtieron completas, cuánto se espera por una cirugía y cómo va el hospital de Ciudad Madero. Ese reconocimiento sí valdría la pena.

EL INE PIDE PACIENCIA A QUIEN LE HACE LA CREDENCIAL 

Este lunes 9 de noviembre puede que llegue usted al módulo del INE en Reynosa, Matamoros o Victoria y se encuentre la cortina abajo. 

El personal de los Módulos de Atención Ciudadana anunció un paro en más de 700 módulos de al menos 20 estados, y la respuesta del instituto llegó a unas horas del plazo: un aumento del 6%, pero solo para el nivel FA1 y hasta el 1 de enero de 2027. Para entender el enojo hay que poner los números juntos. 

Desde mayo los trabajadores pidieron por oficio una mejora de al menos 25 por ciento. El INE les contesta con la cuarta parte de eso y el resto lo manda a “analizar” para el presupuesto de 2028. O sea que la solución de fondo llegaría cuando ya pasó la elección de 2027, justo cuando ya no hace falta que esta gente trabaje a marchas forzadas para entregar millones de credenciales. Ni las vacaciones quedan seguras, porque el mismo instituto aclara que dependerán de las necesidades del proceso electoral. Lo que más pesa es el momento. Esta oferta sale de un INE que hoy encabeza de forma provisional la consejera Blanca Yassahara Cruz García, porque Guadalupe Taddei renunció el 26 de octubre en medio de una investigación de la Auditoría Superior de la Federación por presunto mal uso de recursos y contratos con proveedores. 

Por eso pega tanto lo que dicen los trabajadores: que arriba se sirven con la cuchara grande y a los módulos les tocan migajas. No es casualidad que ahora el INE prometa papelería, combustible y artículos de limpieza. Si tiene que prometerlos, es porque faltaban. 

Para Tamaulipas hay un detalle que casi nadie está viendo. El INE reconoció que revisará cómo pega el salario mínimo de la Zona Fronteriza, que hoy anda en unos $13,400 pesos al mes. Si el propio instituto lo menciona, es porque en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros el sueldo de quien le toma la huella ya se está acercando al mínimo, y con cada aumento de la Conasami la distancia se hace más chica. 

El INE no puede pedirle confianza a la ciudadanía si no empieza por cuidar a quien nos atiende en la ventanilla. Si antes de la elección pone en papel montos y fechas para todos los niveles, sería la mejor señal de que la limpieza que empezó en la cúpula también llega hasta abajo.

¡¡Yássas!!