Las cuentas alegres del rector y los pendientes que nadie firma.
Hay informes que se rinden y hay informes que se narran. El que entregó el miércoles Dámaso Anaya Alvarado desde el Campus Victoria pertenece, sin duda, a la segunda categoría: una puesta en escena cuidada al milímetro, con el gobernador Américo Villarreal de invitado de honor, ANUIES dando fe, y una transmisión simultánea que llegó hasta el último rincón de la geografía universitaria tamaulipeca.
Las cifras, hay que reconocerlo, son contundentes. Cuarenta y dos mil estudiantes, el ciento por ciento de licenciaturas acreditadas, los proyectos de investigación que pasaron de 106 a 201 en apenas dos años, los 232 millones invertidos en ladrillos y laboratorios, la mitad de la matrícula sostenida con becas.
El veterinario que hoy preside la rectoría, el primer egresado de Medicina Veterinaria, vale decirlo, ha sabido vender una historia de transformación que, a juzgar por los aplausos, compró la asamblea sin chistar. Y aquí va el primer apunte político: cuando un rector reconoce públicamente al gobernador “por fortalecer el compromiso con la transparencia”, no está agradeciendo, está firmando una alianza. Lo que ata, también compromete.
El problema, y aquí los reflectores empiezan a incomodar, es que las universidades públicas mexicanas atraviesan, según se mire, su mejor o su peor momento. Fitch Ratings ratificó en noviembre la calificación de la UAT, pero el dictamen vino con letra chica: perfil de riesgo “Más Débil”, proyección de 300 millones adicionales de deuda y una advertencia que conviene subrayar con marcatextos, el contexto económico estatal no garantiza que la matrícula siga creciendo al ritmo presumido.
Traducción para no iniciados: el modelo financiero está apretado y la calificadora lo sabe. A eso añádase el costal que ningún rector quisiera cargar, pero todos heredan en la UAT: las irregularidades detectadas por la UIF en 2021, el emplazamiento del Congreso al área de finanzas en 2022, los expedientes de administraciones anteriores que siguen abiertos en la conversación pública.
Anaya ha hecho lo políticamente correcto, pronunciar la palabra “transparencia” tantas veces como sea necesario, pero el mercado de la credibilidad se compra con auditorías, no con discursos. Y ahí, salvo prueba en contrario, todavía hay tarea pendiente. Mención aparte merece la apuesta académica. Abrir Ingeniería en Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Ingeniería Biomédica y Desarrollo Sostenible es, sin exagerar, la decisión más sensata que ha tomado esta rectoría, porque le apuesta al futuro y no a la nostalgia.
El detalle, siempre hay un detalle, es que la inteligencia artificial no se enseña con buenas intenciones: requiere infraestructura, conectividad, docentes que cobren lo que valen y laboratorios que no se caigan a pedazos. La pregunta, entonces, no es si el rumbo es correcto, sino si el presupuesto alcanza para honrarlo.
En el cierre político, la lectura es sencilla: el segundo informe consolidó a Anaya como interlocutor del gobierno estatal y le compró tiempo con la comunidad universitaria. Pero los próximos veinticuatro meses dirán si esto fue un punto de inflexión o un acto de prestidigitación bien iluminado.
Las universidades, como los gobiernos, se juzgan por lo que entregan en el último año, no por lo que prometen en el segundo. Por ahora, los aplausos. Después, las cuentas.
DOS TAMAULIPAS, UN MISMO 1 DE MAYO
Este 1 de mayo de 2026 se conmemora en Tamaulipas con una contradicción que duele: mientras se celebra la reforma constitucional de la jornada de 40 horas firmada por la presidenta Sheinbaum, en Matamoros, Reynosa y Valle Hermoso miles no se preguntan cuántas horas trabajarán, sino si tendrán empleo.
El secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes, reconoció ante el Congreso local que vivimos “un periodo crítico”. La quiebra de First Brands Group arrastró a Tridonex, Cardone y Trico, dejando sin empleo a casi seis mil tamaulipecos entre enero y abril. Su advertencia fue clara: sin acción urgente, la transición tecnológica se volverá “una condena social”.
Pero pensar que el empleo nace solo del gobierno es una mentira cómoda. El trabajo digno es multifactorial, y todos somos actores. El gobierno debe garantizar certeza jurídica, seguridad y política industrial moderna. Los empresarios, como bien lo señaló Dolores Ramírez de Coparmex, deben apostar por sueldos competitivos, prestaciones reales y capacitación continua, no por competir con salarios de hambre contra Vietnam.
Las universidades tecnológicas deben articularse con la industria emergente. Y los sindicatos, los auténticos, no las simulaciones que durante décadas fueron marca de la casa, deben recuperar su papel histórico: defender al trabajador con honradez, no negociar a sus espaldas.
Tenemos dos Tamaulipas: el sur que respira y la frontera que se ahoga. Cerrar esa brecha exige un pacto adulto entre gobierno, iniciativa privada, academia y gremios. A 140 años de los Mártires de Chicago, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuánto de mi vida me pertenece? Merecemos un 1 de mayo con menos discursos y más corresponsabilidad.
¡Yássas!