Lo que viene: ¿procesar a un aspirante de Morena a un cargo electoral en Nuevo León?
Sin Censura
En una entrevista de ayer con Fox News, Trump aseguró que, tras haber “eliminado el 97% de las drogas que entran por agua”, EUA “empezará ahora a golpear por tierra” a los cárteles.
“Los cárteles están gobernando México. Es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país”, dijo, y no difícil interpretar esto como una amenaza de operaciones militares terrestres en territorio mexicano, similar a las acciones ya ejecutadas en otras latitudes de América Latina.
Trump reaviva el temor a una intervención directa de Washington para mantener la lucha antidrogas.
La mejor —o quizá única— salida para el gobierno mexicano no pasa por la confrontación retórica, sino por una doble estrategia interna: fortalecer de verdad el Estado de derecho y adelantarse a las posibles acusaciones de la administración Trump.
¿A qué me refiero? A procesar inmediatamente en México a Rubén Rocha Moya y a los acusados por Washington.
El primer paso que deben dar la Fiscalía General de la República (FGR) y los tribunales mexicanos es asumir con autonomía y celeridad los casos del gobernador de Sinaloa con licencia y militante de Morena, así como de los otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en abril pasado.
Las imputaciones estadounidenses los señalan por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa (facción Los Chapitos), conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de grado militar.
Procesarlos en México, con investigaciones transparentes y juicios públicos, enviaría un mensaje claro de soberanía: “México no necesita que otro país le dicte quiénes deben ser juzgados”.
Al mismo tiempo, demostrará que el gobierno federal está dispuesto a limpiar sus propias filas sin esperar órdenes externas.
Dicho de otro modo, hay que abrir carpetas de investigación por delitos equivalentes como narcotráfico, corrupción y abuso de autoridad.
Denuncias selectivas, pero no contra la oposición. ¿Motivo? Se vería cómo vendetta, revancha o intento de empatar el marcador.
El segundo eje de la estrategia que propongo —más arriesgado, pero urgente— consiste en presentar denuncias penales no contra opositores políticos, sino contra aspirantes a cargos de elección popular de Morena y sus partidos aliados en entidades gobernadas por la oposición, como Nuevo León.
De nuevo, el objetivo no sería “cobrar venganzas” ni debilitar a rivales electorales —lo cual sería contraproducente y alimentaría la narrativa de persecución política—, sino anticiparse a eventuales nuevas acusaciones que pudiera lanzar la administración Trump en los próximos meses.
Si México se adelanta y presenta denuncias creíbles contra cuadros morenistas en estados como Nuevo León —donde gobierna Movimiento Ciudadano— estaría blindando su narrativa internacional: “No se trata de proteger a ‘los nuestros’, sino de combatir la corrupción dondequiera que se encuentre”.
Ser proactivos en la justicia interna es la mejor defensa contra cualquier intento de intervención.
Una jugada de doble vía —juicios internos contra los ya acusados por EU y denuncias preventivas contra aspirantes propios en plazas opositoras como Nuevo León— demostraría fortaleza institucional. Así de simple.
En un año electoral sensible, como es 2027, la estrategia requeriría enfocarse en demostrar que la lucha anticorrupción es transversal.
Tengo la exclusiva de que funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores ya han iniciado conversaciones confidenciales con sus homólogos estadounidenses para reforzar la coordinación “sin subordinación”, según mis filtraciones de Palacio Nacional.
Pero la verdadera respuesta no vendrá de Washington ni de la retórica presidencial: vendrá de los tribunales mexicanos actuando con independencia y visión de Estado.
El plato está servido en Nuevo León.