Ticsagate

Los políticos en lugar de administrar los recursos públicos con eficacia, transparencia y rigurosidad, hacen todo lo contrario, despilfarran grandes cantidades de dinero en macroproyectos con elevados costos y solapan el incumplimiento de estos contratos sin imponer sanción alguna; su prioridad es proteger los intereses de los grupos privados desentendiéndose del patrimonio y las necesidades de la gente, como sucede actualmente con el retraso sistemático de la entrega de los camiones de ruta, veámoslo a continuación.

La empresa responsable de esta larga espera que terminó por colapsar el transporte público es Thousand International Companies, SA de CV (TICSA), orientada a las telecomunicaciones, ha proporcionado servicios a los municipios de General Escobedo, San Pedro Garza García y al gobierno del estado en el diseño e implementación de una red de fibra óptica, equipamiento de video en las patrullas de policía y tránsito, así como la instalación de la seguridad tecnológica en los penales, respectivamente.

Esta compañía fue la que ganó la primera licitación por arrendamiento para proporcionar 800 camiones al gobierno estatal. En su página web asegura ser una experta en tecnología, por lo que resulta sospechoso que se le permitiera su participación para adquirir por arrendamiento 800 camiones, asignándole un contrato millonario ¡sin tener experiencia en la materia! ¿Cómo es posible? Esta es la razón por la que después de 18 meses sólo ha entregado 150 unidades, llegando este mes 90 más. El 19 de septiembre del año pasado,TICSA debió de haber entregado todos los camiones, pero la administración estatal negligentemente ha modificado en dos ocasiones el contrato para proporcionarles condiciones más favorables. La última fecha que se comprometió a entregar las unidades fue el 31 de mayo de este año, plazo que volvió a incumplir. ¡Vamos a ver con qué hecatombe se excusan ahora!

El pasado 6 de julio, la Auditoría Superior del Estado entregó al Congreso un informe de 26 cuartillas, donde encontró un quebranto patrimonial en contra del estado por $160 millones de pesos (mdp), básicamente por dos conceptos:

1. Se le otorgó un adelanto indebido de recursos públicos por concepto de anticipo equivalente a cinco mensualidades por cada uno de los 274 autobuses, los cuales no han sido entregados, a pesar de que el contrato especifica que se realiza únicamente ¡por unidad entregada!
2. Se modificó el contrato para aumentar el anticipo otorgado por cada camión entregado, de un 12% al 25%, por lo cual el pasado 27 de septiembre se realizó un pago indebido por casi $47mdp.

El gobernador del estado, a lo largo de estos meses, ha justificado abiertamente las irregularidades de TICSA. El año pasado aseguró tener contacto permanente con su titular, el señor Julio César Loyola Castillo, ha prohibido –públicamente– sancionarlo por su constante incumplimiento, esta actitud genera varias preguntas: ¿por qué defiende a ese empresario? ¿Qué papel tuvo en su campaña? ¿Por qué la administración estatal está financiando a TICSA la compra de los camiones?

Hay que decirlo claramente, empresa y gobierno son los principales responsables del colapso del transporte público. La crisis de movilidad va en ascenso y la gente que utiliza los camiones ha sido condenada a la marginación mientras la empresa referida es tratada con todas las preferencias. ¡No se vale!

Un gobierno humanista hubiera cancelado y denunciado penalmente el incumplimiento de esta empresa, pero como este gobierno está bajo el signo del Instagram no le importa que sus acciones afecten a los miles de usuarios del transporte público porque vive en una realidad paralela. 
En conclusión, Nuevo León demanda un gobierno que resguarde y garantice la movilidad de lo único importante: la gente.