Fíjese en la escena. El diputado Humberto Prieto Herrera, coordinador de Morena en el Congreso de Tamaulipas, llegó al Segundo Informe del alcalde de Matamoros Alberto “Beto” Granados con dos camionetas y más de siete personas cuidándolo. Serio, callado, con cara de preocupación.
Y al micrófono soltó la frase de siempre: en Tamaulipas se está trabajando. Ahí está el cabo suelto. Si la seguridad va tan bien como presumen el gobernador Américo Villarreal, Granados y Prieto, ¿por qué un legislador necesita ese blindaje para caminar unas cuadras en su propia ciudad?
Su cuerpo dijo lo que su discurso calló. Nadie explicó quién paga esos escoltas ni por qué los números oficiales no alcanzan para que un matamorense común salga tranquilo de noche. Pregunte a su diputado cuántos guardias trae y por qué. Exija cifras reales, no frases hechas.
BETO GRANADOS, SIN MANO IZQUIERDA CON LOS EXALCALDES
Cuentan que en el informe del alcalde de Matamoros, Alberto Granados, se notó más quién faltó que quién llegó. De los exalcaldes solo aparecieron Erick Silva Santos y Homar Zamorano, y aquí viene lo interesante: los dos cobran como asesores del propio Ayuntamiento. O sea, no fueron invitados, fueron empleados cumpliendo con el jefe.
Ni Alfonso Sánchez, ni Leticia Salazar, ni Baltazar Hinojosa se dieron una vuelta, y hasta Jesús de la Garza, Chuchín, el que siempre queda bien con todos, prefirió volar de ladito para no comprometerse en la foto.
El punto ciego es este: cuando la única unidad que un gobierno puede presumir es la que paga con nómina, algo anda flojo en su relación con la clase política local, y eso pesa rumbo a 2027.
EL TEXANO DE TAMAULIPAS
Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, ya dijo que quiere ser Presidente en 2030 aunque tenga orden de aprehensión y viva en McAllen. Claudia Sheinbaum le respondió con ironía y Arturo Zaldívar, coordinador jurídico de Presidencia, sentenció que un prófugo no puede ser candidato. Hasta ahí todo suena lógico, pero fíjese en el detalle que nadie comenta: si el gobierno pidió su extradición y Estados Unidos no la concede, algo no cuadra en el expediente.
Por eso la reforma contra la doble nacionalidad resulta tan cómoda, porque elimina al adversario sin necesidad de probarle nada en un juzgado. Y el senador José Ramón Gómez Leal, JR, quiere llevarla hasta alcaldes, lo que dejaría fuera a miles de familias de la frontera que nacieron entre dos banderas.
Mientras ellos juegan ajedrez para 2030, usted pierde derechos hoy. Exija ya a sus diputados que la ley proteja ciudadanos, no venganzas.
¡¡Yássas!!