Tragedia en Pesquería

El pasado 28 de noviembre, Nuevo León vivió una terrible tragedia. Una explosión en una casa del municipio de Pesquería terminó con la vida de varias personas, dejó múltiples heridos —incluidos menores de edad— y dañó 48 viviendas. Dos hogares desaparecieron por completo. 

Para quienes viven en esa comunidad, el estruendo fue tan brutal que muchos pensaron que se trataba de una bomba. Protección Civil reportó, además, la evacuación de hasta cien personas debido al riesgo que representó el siniestro. 

Como senador de la república y como nuevoleonense, me duele profundamente esta tragedia. Me duelen las vidas que no volverán, las familias que hoy están rotas, los niños que resultaron heridos, las casas que ya no existen. 

Sobre todo, me duele saber que esta tragedia pudo evitarse.

Las autoridades informaron que la causa de la explosión fue el almacenamiento ilegal de pirotecnia. Vecinos de la comunidad aseguraron que no era la primera vez. 

Por lo tanto, esto fue un accidente evitable, sobre todo tomando en cuenta la situación legal que guarda la pirotecnia en el estado. Desde el 14 de diciembre de 2024, en Nuevo León está prohibida. 

La ley es clara: se prohíbe su uso en eventos públicos y privados, en parques y espacios recreativos; y también se impide la compraventa en mercados, ferias, puestos o establecimientos. Esta norma se impulsó originalmente por dos razones fundamentales: proteger el medio ambiente y reducir el profundo daño que estos artefactos generan en animales domésticos y silvestres.

Sin embargo, los hechos de Pesquería nos obligan a ir más allá. Lo ocurrido nos recuerda que la pirotecnia no solo contamina ni solo asusta a los animales: también cuesta vidas humanas.  Y cuando un artefacto, ya de por sí peligroso, se almacena de manera clandestina, sin medidas de seguridad ni supervisión, sin estricta regulación, el riesgo se multiplica de forma exponencial.

El caso en Pesquería nos obliga a los servidores públicos a preguntarnos: ¿cómo es posible que, a pesar de la prohibición vigente, siga existiendo almacenaje ilegal de pirotecnia en zonas habitacionales? ¿Dónde fallamos como Estado, como sociedad y como autoridades municipales? 

El caso no puede quedar en el recuento de daños. Necesitamos pensar en una vía que garantice que la pirotecnia, ya ilegal en Nuevo León, no llegue a nuestros hogares y que las familias que se dedican a ella puedan encontrar otras formas de ganarse la vida. No podemos permitir que otra tragedia vuelva a Pesquería ni que las vidas de las y los nuevoleoneses estén en riesgo.

Debemos reforzar la vigilancia, aplicar sanciones ejemplares y fortalecer la coordinación entre el Estado, los municipios y las autoridades federales. Pero también necesitamos responsabilidad ciudadana. Necesitamos que las y los ciudadanos tengan la confianza de denunciar cualquier almacenamiento ilegal, además de condenar el uso de estos artefactos. Ninguna tradición, ninguna fiesta y ningún negocio justifican poner en riesgo la vida de un niño, niña o de toda una comunidad.

La pirotecnia representa un peligro real, y su prohibición no es un capricho. Hay razones de peso, y la tragedia de Pesquería es una de ellas. No podemos esperar a que otra familia pierda a un ser querido, a que otra colonia sea destruida o a que otro menor resulte herido para actuar con decisión.

Como senador de Nuevo León, buscaré la manera de que, desde la Cámara Alta, podamos impulsar políticas que protejan a nuestras comunidades y garanticen alternativas para quienes hoy se dedican a la pirotecnia. También me parece urgente garantizar el cumplimiento de la ley en todos los municipios del estado. 

Que las vidas perdidas ese 28 de noviembre no queden en el olvido. Que su memoria nos obligue a construir un Nuevo León donde la responsabilidad y la legalidad estén por encima de cualquier práctica que ponga en riesgo la vida humana. Ningún objeto vale más que la tranquilidad de nuestras familias. 

Ninguna tradición vale más que la vida.