¿Podría brotar de improviso una opción de extrema derecha para el proceso electoral de Nuevo León en 2027?
Mi respuesta es sí. Las opciones de derecha —algunas moderadas, otras claramente radicales o populistas— han sido aparentemente un accidente o, según algunos analistas, una conspiración.
Ni lo uno ni lo otro. Según mis estudios, la extrema derecha es la factura que pagan las élites de izquierda y centro-izquierda por descuidos graves en lo que más importa a la gente común: seguridad, orden público, economía real y no corrupción.
No sé si el remedio funcione, pero el diagnóstico es devastador.
En las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 y 2025 los grupos de derecha radical y conservadora (Patriots for Europe, ECR y afines) lograron avances significativos. En Francia, el Rassemblement National de Marine Le Pen y Jordan Bardella rozó el 31 por ciento. En Alemania, Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo su mejor resultado histórico. En Italia, Giorgia Meloni consolidó su posición. En Países Bajos, el PVV de Geert Wilders ya gobernaba o influía.
¿El denominador común? Inmigración descontrolada, inseguridad y hartazgo con políticas que priorizaron la ideología y la corrupción de las élites sobre la realidad cotidiana.
En América Latina ni se diga. Que le pregunten a Gustavo Petro en Colombia. Al peronismo en Argentina. La oleada de ultraderecha llega como tsunami.
El caso de la inseguridad es el más claro ejemplo de molestia por la mala gestión de gestiones progresistas.
En Suecia, otrora paradigma socialdemócrata, los datos oficiales y estudios académicos muestran que el votante de izquierda está desencantado.
En Estados Unidos, 2020 registró un aumento del 29.4% en homicidios según el FBI —el mayor salto en décadas—, concentrado en muchas grandes ciudades donde fiscales progresistas, políticas de defund the police y reformas blandas en fianzas y persecución penal ganaron terreno tras el verano de George Floyd. Robos organizados (smash and grab), hurtos en comercios y una sensación de impunidad se dispararon en lugares como San Francisco, Los Ángeles, Nueva York o Portland. El electorado respondió en las urnas castigando esas experiencias y votando por Donald Trump. Así de simple.
La ideología woke agravó el divorcio con la realidad. Casos como el de Lia Thomas —nadador biológicamente masculino que compitió en categorías femeninas universitarias en EUA— mostraron cómo la teoría chocaba con la seguridad de las mujeres.
Javier Milei ganó en 2023 con un mandato claro contra el modelo peronista/kirchnerista: inflación de 211.4% en 2023, pobreza superior al 41%, recesión y sensación de “casta” enriquecida mientras el país se hundía.
El electorado prefirió el ajuste doloroso a la continuidad del discurso redistributivo vacío.
La izquierda —o parte importante de ella— abandonó al ciudadano de a pie: se ocupó de minorías activistas, de teorías académicas, sin transición realista y de discursos de superioridad moral que despreciaban las preocupaciones de seguridad, empleo y cohesión social.
El vacío lo llenó quien habló claro sobre fronteras, ley y orden, y rechazo a la ingeniería social.
En Nuevo León la dinámica es distinta.
En Nuevo León no hay un riesgo real de que una izquierda ideologizada y woke domine, ni de que una ultraderecha organizada y programática tome el control.
Lo que existe es un Congreso local que es un ecosistema de diputados mercenarios, sin escrúpulos: legisladores que, con etiquetas partidistas variadas —PAN, PRI, Morena y otros—, venden su voto o se alquilan al mejor postor según la coyuntura.
No se trata de confrontación de proyectos o de visiones de gobernanza; se trata de aritmética de supervivencia y hambre de lujo: votos a cambio de favores o simple gobernabilidad.
Esta práctica —el viejo “chapulinismo” elevado a sistema— impide que los temas de fondo —seguridad, transparencia en el gasto, combate real a la desigualdad— se discutan con seriedad y se resuelvan con criterios de interés público.
Mientras en el mundo la gente castiga con su voto el abandono de la seguridad y la realidad por parte de la izquierda, en Nuevo León el riesgo es la perpetuación de una política sin principios, que con facilidad se quita la casaca del PRI y se pone la del PAN.
La representación ciudadana se diluye en transacciones permanentes.
Eso no genera ultraderecha ni “wokismo”; genera cinismo, baja participación y decisiones que responden más a quién tenga más capacidad de presión que a lo que los neoleoneses necesitan.
El mundo nos está dando una lección clara: ignorar la inseguridad, la corrupción y el sentido común de la mayoría tiene consecuencias electorales.
Exijamos a nuestros diputados locales que dejen de ser mercenarios y vuelvan a ser representantes. Porque cuando el Congreso local funciona como subasta, todos perdemos, independientemente de la ideología que digan defender.
La derecha avanza donde la izquierda falla en lo básico. En Nuevo León, el problema legislativo tiene nombre propio: falta de principios y sobra de transacción.
¿No tenemos los ciudadanos derecho a algo mejor?