¿Transportistas, IMSS e INE corrupto salpican a NL? 

Entre el escándalo de la corrupta Guadalupe Taddei Zavala (consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, INE), que hoy presenta formalmente su renuncia al Instituto, y la victoria de infarto de Luiz Inácio Lula da Silva (a punto de cumplir 81 años) en Brasil, una serie de protestas sociales quedan como punto ciego en México. 

Por un lado, hay protestas de derechohabientes y de burócratas del IMSS. ¿La causa real? De la bodega de insumos a los hospitales hay una serie de casos de robo hormiga. 

El desabasto de medicamentos en los hospitales del sector salud es creciente y nadie mete orden ahí. 

Por otro lado, casi cada semestre, vuelven las denuncias de transportistas contra la Federación, los mismos camiones detenidos y las mismas exigencias de seguridad. 

El problema es que hay visos de que ambas protestas sociales, de diferente índole, terminen por coincidir. 

Hoy mismo, transportistas de Nuevo León se sumarán al paro nacional convocado por organizaciones del autotransporte de carga. 

Las delegaciones de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Federación Mexicana de Transportistas (Fematrac) y la organización Indeco respaldan la convocatoria. 

Entre las tres agrupan a más de 20,000 transportistas solo en nuestro estado.

Una convergencia de transportistas, quejosos del sector salud y del ámbito educativo —ya hay indicios— podría afectar la atención hospitalaria, la atención educativa y en economía, las cadenas de suministro de industrias clave. 

Pero conviene detenerse en la causa original de los transportistas, porque la denuncia la tiene en su escritorio desde hace muchos meses Sheinbaum: robos de unidades, asaltos a operadores, extorsiones y cobros de piso. 

Habrá que sumarle también las condiciones deficientes de las carreteras, los costos de las autopistas y los abusos que atribuyen a los servicios de grúas y corralones a nivel municipal. Sin duda, hay mucho alcalde tracalero.

Todo parece un déjà vu: los transportistas protestan, la Federación ofrece mesas de diálogo y, meses después, vuelve a organizarse otra protesta. 

¿Hay una periodicidad semestral estricta? No, porque va para peor.

El pasado 20 de mayo ya se habían registrado bloqueos de transportistas y campesinos en la Ciudad de México. Cinco meses después, la inseguridad vuelve a ocupar el centro de una convocatoria nacional.

¿Qué es lo que pasa? Que es frecuente que un camión no llegue a su destino sin que desaparezca la mercancía, sea extorsionado el conductor o peligre su vida.

Las organizaciones convocantes han advertido que el paro puede afectar el abasto, los cruces fronterizos y los precios al consumidor. Son advertencias del propio sector. 

Me queda claro que algunas agrupaciones, entre ellas la Asociación Nacional de Transportistas, se han deslindado de la movilización, pero no basta con ello para que la Secretaría de Gobernación dé por extinguida las protestas.

Y en tanto los transportistas anuncian que dejarán de circular, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social llevan semanas manifestándose contra sus condiciones laborales.

El personal inconforme del IMSS reclama mejores salarios, contratación de trabajadores, medicamentos, insumos hospitalarios y cambios en su representación sindical. 

Aquí anunciamos antes que otros medios, en julio, que las movilizaciones comenzarían en septiembre y, sí, acabaron por intensificarse durante octubre y tienen convocada otra jornada nacional para el próximo viernes 30.

No se trata de dos movimientos coordinados. Tampoco tienen idénticas demandas ni responsabilidades institucionales. Lo que los relaciona es, como digo, de índole distinta: ambos reclamos afectan servicios indispensables para el funcionamiento cotidiano del país. Uno transporta mercancías. El otro atiende enfermos. Ambas protestas tienen capacidad de trasladar sus inconformidades de las mesas de negociación a las calles. Grave problema para el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Una protesta sectorial puede administrarse mediante una negociación específica. Dos conflictos simultáneos, en cambio, obligan a distribuir atención política, recursos presupuestales y capacidad de interlocución entre demandas diferentes.

¿Significa que el gobierno federal pierde el control de los conflictos? No por ahora. Pero significa que aumenta el costo de resolverlos de manera fragmentada.

En el caso del transporte, la respuesta oficial tendría que traducirse en carreteras seguras, no extorsiones y garantías de no violencia.

En el caso del Seguro Social, en acuerdos laborales sostenibles, personal suficiente y mejores condiciones de atención hospitalaria.

Una acumulación de conflictos que puede complicar la agenda federal durante las próximas semanas sería devastadora para el país.

Y es que quizá, pero solamente quizá, el problema más serio para un gobierno comenzará cuando sectores distintos salgan a protestar al mismo tiempo, paralizando todo.

El nombre del juego se llama gobernabilidad. No la pongamos en entredicho.