Transportistas llegan al límite

La región Centro de Coahuila sigue siendo el prietito en el arroz de la seguridad y la impartición de justicia en un estado que, según el Inegi, mantiene de las mejores percepciones de seguridad del país.

Si no, que les pregunten a los agremiados de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), quienes este lunes participarán en un paro como parte de las protestas nacionales por los robos, extorsiones, abusos e inseguridad que, aseguran, enfrentan de manera constante en las carreteras.

De acuerdo con el líder del organismo, Gerardo Bortoni, después de múltiples intentos por conseguir apoyo y soluciones de las autoridades, siguen sin obtener respuestas concretas y, mientras tanto, acumulan pérdidas y afectaciones económicas.

El representante del sector sostuvo que han llegado a un punto límite, pues aunque las autoridades suelen presumir avances en materia de seguridad en zonas urbanas y rurales, la realidad es que las carreteras continúan siendo focos de riesgo.

La protesta, que tendrá especial presencia en aquella región, busca llamar la atención de autoridades y legisladores para impulsar medidas de fondo, porque los empresarios no pueden seguir absorbiendo los costos de una problemática que les pega todos los días.

Y es que, aunque reconocen que Coahuila suele ofrecer condiciones relativamente seguras para el tránsito de mercancías, uno de los principales reclamos tiene que ver con presuntas extorsiones y abusos de policías municipales y estatales. Qué dirá de eso el secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez, que a veces pareciera estar nomás de adorno.

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De los males, el menor, dice el viejo y conocido refrán popular. Y algo así parecen estar pensando los actuales dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, luego de revelar que la administración sindical anterior habría gastado millones de pesos de los trabajadores en la compra de todo tipo de propiedades sin el consentimiento de los agremiados.

Se trata de casas, terrenos, ranchos y cabañas.

Como medida salomónica, la nueva dirigencia encabezada por Nora Mireya Ramírez decidió poner a la venta esas propiedades para repartir los recursos de manera equitativa entre la base trabajadora.

El asunto no es que hayan anunciado que la distribución no incluirá a funcionarios de primer nivel, como el rector, por ejemplo. Lo verdaderamente importante es que el proceso se realice con absoluta transparencia y claridad.

Porque la cosa no es sólo vender y repartir, sino demostrar con números en la mano cuánto se obtuvo realmente por esos bienes y cómo se distribuyó cada peso. Todo, claro está, para evitar que termine aplicándose aquel viejo adagio que dice que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Veremos.

¡¡Yássas!!