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Opinión

La sombra de Taddei sobre el IEEPCNL

Agenda Poder

¿El mismo entramado, otras administraciones? 

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, formalizada a finales de octubre de 2026, fue la consecuencia de un escándalo que ya no se podía contener: vínculos personales y familiares con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, contratos por cientos de millones de pesos a empresas de su grupo (Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, entre otras), un chofer que figuraba como apoderado de una de esas compañías, videos de reuniones privadas y un hijo en una suite de París con el mismo proveedor. 

La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio por indicios de irregularidades, conflictos de interés, colusión y triangulación. 

El INE terminó presentando denuncia ante la FGR por seis posibles delitos, entre ellos tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho. 

La UIF congeló cuentas. Taddei presentó su renuncia. 

El problema no se fue con ella. 

El caso no se limita al INE federal. La red de los hermanos Hernández Casillas opera desde hace décadas en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). 

Según datos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno basados en CompraNet y la Plataforma Nacional de Transparencia, entre 2014 y 2023 recibieron alrededor de $2,094 millones de pesos de 23 OPLE. 

Nuevo León aparece en segundo lugar, con $314.2 millones de pesos, solo por detrás de Veracruz. 

El patrón que se investiga a nivel nacional —empresas del mismo grupo participando en la misma licitación con precios escalonados para simular competencia y garantizar el contrato a una de ellas— se repite en el estado. 

En Nuevo León, el historial es muy concreto y abarca varias administraciones de la entonces Comisión Estatal Electoral, hoy IEEPCNL. Formas Finas y Materiales obtuvo contratos por $250 millones de pesos entre 2009 y 2021. 

En la licitación de 2021, para material del proceso electoral de ese año, se le adjudicaron alrededor de $124 millones de pesos; su principal competidora fue Cajas Graf, del mismo entramado, que fue descalificada por incumplimiento de requisitos. 

El mismo esquema se documenta en 2018 (casi $70 millones), 2015 (más de $36 millones), 2012 y 2009. 

En varios de esos procesos participaban las mismas firmas hoy bajo la lupa de la UIF, la ASF y la FGR. 

No se trata de un incidente aislado de 2023 o 2024; es un proveedor recurrente a lo largo de más de una década y de distintos consejos electorales, aunque con mayor acentuación en gestiones más recientes. 

Esto no implica que cada órgano electoral estatal operara durante años con un grupo empresarial que, a nivel nacional, es señalado por simulación de competencia, concentración de mercado y posibles conflictos de interés. 

Cuando la ASF anuncia revisiones históricas de contrataciones del IFEINE y de todos los OPLE desde el año 2000, y cuando la FGR recibe denuncias que piden rastrear beneficios indebidos en un periodo amplio, el expediente de Nuevo León queda dentro del radar. 

Las administraciones pasadas del IEEPCNL —bajo distintos presidentes de consejo y distintas coyunturas políticas— tendrán que responder por la solidez de sus procedimientos de licitación, por la detección (o no) de vínculos entre empresas participantes y por la ausencia de controles efectivos de conflicto de interés.

La lección del caso Taddei es que concentrar facultades de nombramiento y contratación, permitir proveedores “preferentes” que compiten entre sí de manera aparente y responder a señalamientos con comunicados de “probidad” en lugar de expedientes abiertos y separación temporal destruye la credibilidad del árbitro. 

Con el proceso electoral 2026-2027 ya en marcha y la elección de gobernador de 2027 en el horizonte, el IEEPCNL no puede permitirse la misma opacidad. 

Un cruce sistemático de accionistas y apoderados de proveedores contra declaraciones de consejeros y personal de confianza, la exigencia de justificación pública reforzada para adjudicaciones directas o licitaciones con pocos participantes relacionados y un protocolo de respuesta inmediata ante cualquier señalamiento de conflicto no requieren reforma legal de fondo. 

Requieren voluntad del Consejo General actual.

El escándalo nacional de Taddei no “contaminó” a Nuevo León de un día para otro.

El mismo grupo de proveedores ya estaba enquistado en el estado desde hace años. Lo que sí hace es volver insostenible la pretensión de que aquí “siempre se hizo bien”. 

Si el IEEPCNL quiere preservar su legitimidad de cara a 2027, debe abrir sus propios expedientes de contratación de material electoral de los últimos ciclos, poner a disposición de la Auditoría Superior del Estado y de la ciudadanía la información completa y demostrar que los controles internos no se quedan en el reglamento. De lo contrario, la sombra de Taddei será la pregunta que se le hará al órgano local cada vez que se hable de certeza electoral.

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