El gobernador Américo Villarreal Anaya acudió a la Ciudad de México para reunirse con Jorge Mendoza Sánchez, titular de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, con la intención de empujar recursos para el llamado Puerto del Norte en Matamoros y otros proyectos estratégicos.
La escena es correcta; la pregunta es si el fondo está blindado. El Puerto del Norte ha sido promesa recurrente, bandera sexenal y esperanza regional. Sin embargo, más allá del discurso de competitividad y empleo, el punto ciego sigue siendo el mismo: ¿existe ya un plan integral de conectividad carretera y ferroviaria que lo haga viable o seguimos apostando a que el financiamiento resuelva lo que la planeación no ha terminado de definir?
Porque un puerto sin logística es monumento, no motor. Gestionar ante Banobras es indispensable, pero es solo un principio. Los proyectos de movilidad, cruces fronterizos, salud e infraestructura hidráulica requieren algo más que ventanillas abiertas: necesitan transparencia en costos, calendarios públicos y métricas de impacto que trasciendan el boletín.
El gobernador habla de tocar puertas donde se toman decisiones; ahora toca demostrar que detrás de la foto hay ruta, detrás del crédito hay sostenibilidad y detrás de la promesa hay ejecución. En infraestructura, el entusiasmo inaugura, pero la disciplina consolida.
COMERCIO FORMAL SIN EXTORSIÓN
La narrativa oficial habla de simplificación, de puertas abiertas y de combate frontal a la corrupción menor que asfixia a los pequeños comerciantes; sin embargo, cuando se revisa con lupa la jornada “Certeza para tu negocio”, el entusiasmo inicial obliga a formular preguntas incómodas que rara vez se plantean en el templete.
Se ofrece facilitar trámites para negocios de 0 a 100 metros cuadrados, incluso aquellos con uso de gas, bajo la premisa de que no habrá requisitos adicionales ni cadenas comerciales involucradas, y se fija una ruta clara: seguridad básica, constancia de Protección Civil, licencia de uso de suelo y funcionamiento, además del registro como generador de residuos.
En el papel suena ordenado, hasta pedagógico. Pero la realidad es más compleja. Hay que decirlo: la iniciativa del alcalde Beto Granados tiene mérito político y administrativo, porque coloca al gobierno frente al comerciante, elimina intermediarios y envía un mensaje claro contra la extorsión.
Si se consolida, puede convertirse en una alianza estratégica entre el comercio organizado, los elementos de seguridad pública y la autoridad municipal, cerrando espacios a falsos inspectores y fortaleciendo la confianza en la calle, que es donde realmente se mide el pulso económico.
La pregunta central es si esta estrategia será permanente y digitalizada o si quedará como evento coyuntural. Porque la certeza no se decreta en una jornada; se construye cuando el trámite deja de ser oportunidad de abuso y se convierte, de verdad, en servicio público.
¡¡Yássas!!