Dos acciones importantes en la vida del Estado nos brindan una nueva oportunidad para hacer bien las cosas en favor del medio ambiente.
La primera tiene que ver con la próxima designación del fiscal ambiental dentro de la Fiscalía General de Nuevo León, que en primera instancia será cubierta por un interinato. Lo importante es que arrancará para sancionar delitos ambientales.
La segunda tiene que ver con el cambio de titular en la Secretaría de Medio Ambiente del Estado. Después de muchos rumores, sale Alfonso Martínez y entra el diputado federal Raúl Lozano Caballero. Este cambio era ampliamente esperado por la ciudadanía, un cambio necesario que, sin duda, traerá nuevos aires para la administración de Samuel García, pero que, esencialmente, será estratégico al combinarse junto al arranque de la nueva Fiscalía especializada en medio ambiente.
Muchas personas se cuestionan si una fiscalía especializada hará la diferencia para evitar delitos ambientales.
Personalmente, no tengo duda de que así será. Nuevo León es un Estado privilegiado y rico en biodiversidad, rodeado de grandes montañas, ríos y arroyos que necesitan ser protegidos por toda la población. Lamentablemente, nuestra vocación industrial y la falta de educación ambiental han puesto en peligro muchos aspectos, como la calidad del aire, la contaminación de acuíferos y la acumulación de basura en zonas naturales, como cañadas, lo que deteriora nuestra calidad de vida.
Saber que ahora contamos con una vicefiscalía especializada, facultada para sancionar penalmente los delitos ambientales, es un gran paso para advertir a la población sobre las consecuencias de contaminar nuestro patrimonio natural.
Aunado a esto, el cambio en la titularidad de Medio Ambiente en el estado permitirá comenzar una nueva ruta conjunta, sin los vicios ni ciclos de la primera parte de esa área en el gobierno estatal.
El mensaje de arranque de Raúl Lozano, cuando recibió el nombramiento por parte del gobernador, fue claro al advertir que se centrará en sancionar a quienes contaminen, provoquen incendios o cometan algún delito contra el medio ambiente. Si bien las facultades para sancionar le corresponden a la Fiscalía, el trabajo conjunto sería de enorme beneficio para Nuevo León.
El Congreso del Estado aportó la creación de esta nueva fiscalía especializada para el medio ambiente; esperemos que también aporte presupuesto para el ejercicio 2026, para que cuente con herramientas que le permitan actuar de manera contundente. Asimismo, que la Secretaría de Medio Ambiente logre canalizar los impuestos verdes para fines de remediación ambiental, como corresponde, y que estos se transparenten. El resto nos toca a los habitantes para hacer lo correcto y cuidar lo que es de todas y todos.