Una oportunidad para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas
Abogada con una maestría en Derecho de los Negocios por la Facultad Libre de Monterrey. Actualmente, es consejera del Consejo Directivo del Capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.
Es complejo el contexto social, fáctico y jurídico que rodea la desaparición de personas en México, un fenómeno que afecta a miles de familias. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, actualmente existen más de 134,000 personas desaparecidas en el país. Nuevo León concentra aproximadamente el 5.56% de esa cifra.
La desaparición forzada de personas o cometida por particulares no afecta únicamente a quienes son privados de su libertad o cuyo paradero se desconoce. Por el contrario, genera consecuencias que se prolongan durante años y afectan la vida económica, emocional y social de quienes continúan en su búsqueda.
Estas consecuencias recaen de manera diferenciada en mujeres, adolescentes y niñas, quienes frecuentemente asumen responsabilidades adicionales de cuidado, sostenimiento familiar y búsqueda de sus seres queridos. La desaparición, por tanto, no solo constituye un problema de seguridad pública o procuración de justicia, sino también un fenómeno con profundas implicaciones sociales.
En este contexto, resulta relevante la publicación, el pasado 4 de junio de 2026, del Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas, mediante el cual Nuevo León recibirá aproximadamente $28 millones de pesos para fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
La relevancia del convenio no radica únicamente en el monto asignado, sino en la forma en que esos recursos se traduzcan en resultados concretos.
La Comisión Local de Búsqueda tiene la oportunidad de, entre otras acciones, fortalecer capacidades institucionales, mejorar la coordinación entre autoridades y adoptar herramientas que permitan una actuación más rápida y eficaz.
Asimismo, resulta indispensable escuchar las experiencias y propuestas de quienes durante años han estudiado y desafiado esta problemática: los colectivos de familiares, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales.
La discusión adquiere especial relevancia en un momento en que la comunidad internacional mantiene la atención sobre la situación de las desapariciones en México. En los próximos meses podrían conocerse las determinaciones que deriven de la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, disposición que permite someter a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas situaciones respecto de las cuales existan indicios de desapariciones practicadas de manera generalizada o sistemática.
Más allá de las consecuencias internacionales que ello pudiera generar, la situación actual obliga a reflexionar sobre la magnitud del problema y a asumir la responsabilidad de atenderlo.
Los recursos recientemente asignados a Nuevo León representan una oportunidad para avanzar en esa dirección. No resolverán por sí solos una problemática tan compleja, pero sí pueden contribuir a fortalecer la Comisión Local encargada de la búsqueda y localización de personas.
La búsqueda de personas desaparecidas también es una condición para construir una sociedad más justa e incluyente, así como el reconocer las labores de búsqueda como trabajo no remunerado de inmensurable valor social.