Uruapan, una advertencia: blindar la seguridad en Nuevo León es urgente

Lo ocurrido en Uruapan el pasado fin de semana, con el asesinato del alcalde Carlos Manzo, estremeció al país. Se trataba de un edil valiente y muy conocido por las entrevistas en las que hablaba de la grave situación de violencia en Michoacán y de cómo enfrentaba a los grupos del narcotráfico prácticamente en solitario.

Su muerte conmocionó a la ciudadanía, especialmente porque el crimen ocurrió durante el evento del Día de Muertos en la plaza principal de Uruapan. Acudió con su familia y ante miles de personas reunidas para el encendido de velas. Carlos Manzo fue presa fácil de un sicario que hizo varios disparos contra el presidente municipal más aguerrido y valiente del país.

Lecciones que no podemos olvidar en Nuevo León

La reflexión sobre lo ocurrido en Uruapan debería resonar en todo el país. En Nuevo León no somos ajenos a la violencia; por el contrario, la conocemos muy bien. Vimos la muerte de cerca, especialmente en la dura época de la Guerra contra el Narco durante el sexenio de Felipe Calderón. En aquel momento, el nivel de violencia fue tal que el gobernador Rodrigo Medina, con el apoyo de empresarios y organizaciones civiles, impulsó la creación de Fuerza Civil y un combate con grupos élite del crimen que logró erradicar la inseguridad, para fortuna y paz de quienes habitamos Nuevo León.

Con el paso del tiempo, la efectividad de la actuación policial se ha ido minando y la violencia se ha incrementado en varios municipios. No obstante, deberíamos tomar el ejemplo de Michoacán como una alerta preventiva para evitar el avance de los grupos delictivos y el incremento de su actividad en la zona metropolitana de Monterrey.

La Seguridad Depende de la Coordinación Presupuestal

Es alarmante que el presupuesto de seguridad a nivel federal se haya disminuido, de acuerdo con el paquete fiscal presentado por el Gobierno Federal. A nivel local, no podemos permitir que eso suceda.

Para garantizar que el presupuesto de seguridad llegue efectivamente a los municipios, es indispensable que el Congreso del Estado escuche las peticiones de los alcaldes metropolitanos para reformar la Ley de Coordinación Hacendaria. El objetivo es que el Estado incremente las participaciones de un 20 a un 30% y que los recursos sean entregados en tiempo y forma por el Gobierno del Estado. Son los municipios, en conjunto con la policía estatal, los encargados de cuidar, prevenir y repeler los ataques de la delincuencia.

El costo de fallar en esta coordinación puede ser muy caro. La responsabilidad recae en el Congreso del Estado para asignar los recursos necesarios para la seguridad estatal y designar las partidas presupuestales para los municipios. Posteriormente, depende del Gobierno del Estado entregar esos recursos en los plazos acordados. Si algo en esta cadena falla, las consecuencias serán catastróficas para la comunidad.

Dependemos de la especialización de las fuerzas del orden, del compromiso del Congreso para la asignación de recursos y del Gobierno del Estado para el estricto cumplimiento de la ley al asignar los recursos a los municipios.

Exijamos, como ciudadanos, que todas las autoridades actúen conforme a lo mandatado por la ley. Para eso los elegimos, y su deber es mantenernos a salvo y garantizar una mejor calidad de vida.