La CIA y nuestra soberanía debilitada

Cada vez que el gobierno mexicano anuncia la captura de un criminal relevante, aparece la frase: “la acción se realizó con información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos”.

La expresión se ha vuelto tan común que ya casi nadie se detiene a pensar en lo que realmente implica. Porque detrás de esa narrativa existe una pregunta incómoda: ¿cómo obtiene Estados Unidos información operativa tan precisa sobre criminales que actúan dentro del territorio mexicano?

La respuesta parece evidente. Washington realizaría actividades de espionaje sobre México desde hace muchos años. No es solo cooperación formal entre gobiernos; son operaciones permanentes de monitoreo, infiltración, vigilancia tecnológica y redes de informantes que alimentan diariamente sus sistemas de análisis.

Eso no debería sorprender. Para la Casa Blanca, el narcotráfico, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero representan asuntos de seguridad nacional. Lo verdaderamente crítico es otra cosa: la creciente dependencia del Estado mexicano respecto de esa inteligencia extranjera para actuar dentro de su propio territorio. La pregunta inevitable es por qué las agencias estadounidenses parecen conocer mejor a las organizaciones criminales locales que nuestras propias instituciones.

Y aquí aparece otro problema de fondo: el debilitamiento progresivo de las capacidades mexicanas de inteligencia, tanto civiles como militares. El desmantelamiento del CISEN nunca fue acompañado de la construcción de una institución más sólida y profesional. Por el contrario, el nuevo esquema bajo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) surgió cobijado por mayores niveles de opacidad y concentración política.

Tampoco puede ignorarse el papel de las Fuerzas Armadas. Si realmente existió presencia de agentes vinculados a la CIA en el reciente operativo de Chihuahua, sólo existen dos posibilidades: o las fuerzas mexicanas no lo sabían, lo que revelaría una grave falla de contrainteligencia, o sí lo sabían. Si ese fuera el caso, la posterior indignación soberanista habría sido más narrativa política que una auténtica defensa de la soberanía. Máxime cuando hubo participación militar en el operativo, aunque posteriormente se intentara reducir su papel a tareas de seguridad perimetral. Ambos escenarios son delicados.

Más inquietante aún resulta la reciente filtración difundida por CNN sobre la explosión de un vehículo en las inmediaciones del AIFA, donde presuntamente viajaba un sicario ligado al crimen organizado. Posteriormente, The New York Times matizó la información al señalar que la CIA sólo habría proporcionado la localización y que la ejecución correspondió a autoridades mexicanas.

De confirmarse, esta “aclaración” no tranquiliza; por el contrario, abre un escenario todavía más grave: la posibilidad de que el propio Estado mexicano esté adoptando esquemas de eliminación extrajudicial de presuntos criminales. Es decir: matar antes de detener, ejecutar antes de juzgar.

Ahí aparece una contradicción enorme. El mismo gobierno que exige debido proceso y presunción de inocencia en asuntos políticamente sensibles, como el de Rocha Moya, parecería tolerar simultáneamente prácticas propias de la “guerra sucia” cuando se trata de ciertos objetivos criminales; métodos que durante años fueron severamente cuestionados cuando se atribuían a gobiernos del PRI y del PAN.

La soberanía tampoco puede convertirse en un argumento selectivo. Resulta contradictorio denunciar airadamente supuestas intromisiones extranjeras, como en el caso de Chihuahua, mientras se acepta, utiliza y celebra diariamente inteligencia producida por agencias extranjeras que evidentemente operan en suelo nacional.

Un peligro adicional radica en que, mientras las capacidades reales de investigación criminal parecen debilitarse, crecen las sospechas sobre el uso político faccioso de las nuevas estructuras de seguridad interna. 

En toda democracia existe una línea peligrosa: aquella donde los aparatos de seguridad e inteligencia dejan de perseguir amenazas colectivas y comienzan a orientarse hacia la vigilancia de opositores, críticos y adversarios políticos.

La discusión de fondo no debería centrarse en negar la cooperación con Washington. El verdadero debate es por qué México no ha logrado construir capacidades propias suficientes para defender su territorio, investigar sus riesgos y entender, mejor que nadie, a las mafias que operan dentro de sus fronteras. 

Un país que depende de ojos extranjeros para combatir sus propios problemas termina cediendo, poco a poco, el control de su destino; mientras desde Palacio Nacional continúan desgarrándose las vestiduras cada mañana en nombre de una soberanía que, en los hechos, parece cada vez más debilitada.