Vivienda: Barcelona enseña a Mty

Rentar un departamento de dos recámaras en Monterrey cuesta en promedio $21,921 pesos. 

En 20 años, el precio de la vivienda se triplicó y el metro cuadrado de departamento se anuncia ya en $63,826 pesos. El centro se gentrifica —no todo es malo: atrae inversión y vida urbana— y la periferia se puebla porque la gente ya no tiene opciones. Quien quiere independizarse o formar una familia se ve empujado cada vez más lejos, mientras la especulación se dispara y la oferta de vivienda asequible casi desaparece.

Ante esto, conviene mirar qué están haciendo otras ciudades que enfrentaron el mismo problema antes que nosotros. No para copiar, sino para entender qué funciona, qué no y por qué.

En Barcelona, el alcalde Jaume Collboni —57 años, canoso, traje azul de buena caída— nos recibe en su despacho del Ayuntamiento, en la Plaça de Sant Jaume. Nos dice: “La prioridad de un alcalde ha de ser que en la ciudad los pisos sean para vivir”.

Su administración anunció que a partir de 2027 triplicará los pisos rehabilitados: de 1,000 a 3,000 anuales, con una inversión de €35 millones de euros. “Queremos poner la rehabilitación a la misma altura que la construcción. Recuperar edificios en los barrios más vulnerables”. 

Además, eliminará las 10,000 licencias de pisos turísticos en 2028, lo que devolvería al mercado residencial unas 10,000 viviendas. 

“Dentro de dos a tres años habrá otras 10,000 viviendas más por la no renovación de licencias”, me dice.

Ya entregó 1,000 pisos este año —el doble que hace tres— y firmó con los sindicatos la construcción de 1,500 viviendas públicas en derecho de superficie a 75 años.

Sería un error presentar el modelo catalán como receta infalible para el área metropolitana de Monterrey. El propio Collboni reconoce los costos de sus políticas. El tope de alquileres frenó la subida de precios —1.9% interanual frente al 8.5% español—, pero redujo la oferta disponible un 40% entre 2023 y el primer trimestre de 2026, según registros del propio ayuntamiento. 

La reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones generó apenas 34 pisos en ocho años, muy lejos de la meta.

Collboni defiende su balance: “Hoy en Barcelona un alquiler costaría, de media, €230 euros más cada mes. Habían subido 70% en una década y en dos años hemos parado la escalada”. 

Y me añade: “Queremos garantizar el derecho a quedarse en Barcelona; una ciudad es sostenible solo si quien la hace puede seguir viviendo en ella.

La lección no es trasplantar el modelo tal cual. Monterrey y Barcelona difieren en escala, en marco jurídico, en competencias municipales y en estructura de mercado. Lo transferible no son las medidas específicas, sino el método: gobernar la vivienda con metas verificables y evaluación de consecuencias.

Mientras Barcelona discute cómo intervenir, en Nuevo León el debate sigue atrapado en la pugna presupuestaria anual. No hay estrategia metropolitana de vivienda asequible con metas sexenales. 

No hay inventario público de suelo disponible. No hay programa de rehabilitación de edificios vacíos en el centro. No hay política clara sobre rentas cortas, tipo Airbnb, que siguen presionando el mercado residencial. 

No hay, en suma, un plan con plazos y responsables.

El área metropolitana de Monterrey tiene nearshoring, inversión y una clase media que todavía cree que el esfuerzo personal rinde frutos. 

Pero también tiene rentas de $27,000 pesos, un centro que se vacía de vecinos y una periferia que se sobrepuebla sin planeación. 

Barcelona tenía todo eso y lo estaba perdiendo por la especulación. Decidió intervenir.

La pregunta no es si Monterrey debe copiar a Barcelona, sino cuántos años más estaremos dispuestos a desatender las políticas de vivienda antes de aceptar que la ciudad no se arregla sola. 

La respuesta depende hoy de tres actores concretos: el Congreso de Nuevo León, que define el marco legal; el gobierno estatal, que controla suelo e incentivos; y los municipios del AMM, que otorgan licencias y permisos. A ellos corresponde mover ficha. A nosotros, exigirla.