“¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor presidente?”.
La pregunta fue formulada por la periodista Jessica Zermeño, corresponsal de Univisión, durante la mañanera del presidente López Obrador correspondiente al viernes pasado. El cuestionamiento llegó luego de un intercambio de preguntas y respuestas a propósito de la decisión presidencial, del día anterior, de dar a conocer el número telefónico personal de la responsable de las oficinas del periódico The New York Times en nuestro país.
Antes de formular la pregunta, por cierto, la corresponsal realizó un apunte muy relevante sobre el cual se ha comentado poco: le recordó a López Obrador el contenido de uno de los apartados específicos de los lineamientos establecidos por la Presidencia de la República para participar en la conferencia matutina del mandatario.
“Todas las personas deberán respetar lo señalado en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, reza el punto cinco de los referidos lineamientos. Es decir, el gobierno demanda de quienes asisten a “la mañanera” un comportamiento al cual no parece dispuesto a sujetarse el Hijo Pródigo de Macuspana… porque claramente él no se considera un “sujeto obligado”.
Pero volvamos al punto. ¿Cuál fue la respuesta de López Obrador ante el cuestionamiento de la reportera? Su argumentación no tiene desperdicio e incluso merece la inmortalidad en bronce:
“No, por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política. Y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera –porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral, no va a venir cualquier gente que porque es del New York Times y nos va a poner, nos va a sentar, en el banquillo de los acusados. Eso era antes, cuando las autoridades en México permitían que los chantajearan; ahora no. Ahora nos tienen que respetar porque somos autoridad legal, legítimamente constituida, surgida de un movimiento democrático”.
O sea, “no me vengan con que la ley es la ley”. O, como solía decir mi amigo, el refinado abogado Samuel Ramírez Mejía: si la conducta de los políticos y los gobernantes resulta contraria a la ley… ¡pues peor para la ley!
“¿Volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros?”, cuestionó la aguerrida reportera al Tlatoani. La respuesta fue la esperable: “Claro, claro, claro, cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México”.
Nadie se rasgue las vestiduras, por cierto. No estamos ante una actitud “atípica” de López Obrador. Quienes hemos sido sus críticos desde siempre lo apuntamos cotidianamente: no estamos ante un demócrata, sino ante un aprendiz de dictador para quien las leyes no constituyen ningún dique, ningún regulador del comportamiento.
Tampoco estamos ante un individuo al cual se le pueda demandar una conducta mesurada, congruente con las ideas a las cuales dice suscribirse, particularmente la de la igualdad entre individuos. Él es “otra cosa”, un ser superior ubicado por encima de nosotros, alguien ante quien sólo cabe la rendición, la obediencia y la sumisión.
“… Por encima de esa ley (en la cual se obliga a las autoridades a proteger los datos personales) está la autoridad moral, la autoridad política…”.
Traducida a buen castizo la frase anterior puede leerse así: “por encima de esa ley estoy yo… por encima de esa ley, y de cualquier otra, están mi voluntad, mis deseos, mis necesidades”.
Insisto: no debe ser sorpresa para nadie. Se trata apenas del enésimo exabrupto de alguien a quien no le provoca rubor mandar al diablo las instituciones, disculpar la corrupción en los miembros de su familia, caricaturizar a los integrantes de su gabinete, exhibir a quienes minutos antes eran sus socios de viaje o insultar, calumniar y estigmatizar a quien tiene el atrevimiento de no estar de acuerdo con él.
Es el rey chiquito de la caricatura, el pigmeo intelectual al cual solamente pueden celebrar quienes comparten su vacuidad intelectual… o se benefician de ella.