¿Y si quitamos la autonomía de la Fiscalía General de la República y la de Nuevo León?

Frente al desastre que dejó Alejandro Gertz Manero, habría que preguntarse si todavía es funcional la autonomía de la Fiscalía General de la República. 

Frente a tanto fracaso en las carpetas de investigación de Gertz Manero, como el caso Lozoya —ante su venganza contra familiares suyos— y sus abusos de poder, habría que plantearse si la autonomía no fue para Gertz más que una coartada para conducir y manipular a su antojo su cargo supuestamente “independiente”. 

La Fiscalía General de la República, así como las fiscalías estatales —incluyendo la de Nuevo León— dejan en evidencia que la autonomía absoluta, sin pertenencia clara al Poder Ejecutivo, es un gran error estructural que genera descoordinación, opacidad y, en muchos casos, parálisis institucional. 

¿Es hora de corregir el modelo, tanto a nivel federal —como lo establece el Artículo 102, Apartado A de la Constitución federal— como en los estados, empezando por Nuevo León? Mi opinión categoría es que sí. No hay de otra. 

Habría que reconocer que, desde que el Congreso local designó por unanimidad a Javier Enrique Flores Saldívar como Fiscal General de Justicia para el periodo 2025-2031, las cosas han mejorado sustancialmente en esa materia, al menos en nuestro estado. 

Y, si bien la relación institucional de Javier Flores ha sido irrefutablemente más fluida y funcional que en administraciones anteriores, las condiciones deben trascender a la buena gestión del titular. 

De nuevo, se trata de que el modelo de “autonomía absoluta” es ineficaz: la fiscalía sigue sin formar parte orgánica del gabinete estatal; el gobernador no cuenta con facultades legales para remover al fiscal por pérdida de confianza, aun cuando exista descoordinación grave en materia de seguridad pública; y, a nivel federal, la recién nombrada fiscal general de la República, Ernestina Godoy, tampoco forma parte del gabinete presidencial ni puede ser removida por la Presidenta de la República, aunque se sepa que su lealtad con la mandataria federal es absoluta y su actuación impacta directamente en la estrategia nacional de seguridad.

¿En qué termina esta pantomima de la autonomía de la fiscalía, tanto federal como estatal? En duplicidad de esfuerzos, filtraciones selectivas y una responsabilidad difusa en el uso de las carpetas de investigación que se suelen filtrar al mejor postor.

¿Cuál es entonces mi propuesta? Muy simple: que el Fiscal General de la República vuelva a formar parte del Poder Ejecutivo Federal, pero con autonomía técnica y funcional en las investigaciones penales, como ocurre con el Attorney General de Estados Unidos, el fiscal general del estado español o el procurador general de Chile. 

¿Y en el caso de Nuevo León? Que el fiscal se integre al Poder Ejecutivo bajo el mismo esquema: responsabilidad política ante el titular del Ejecutivo, pero con independencia absoluta en las decisiones de investigación y persecución penal.

Te doy los pasos para cumplir esa meta: que el nombramiento por la Presidenta o el o gobernador sea ratificado por mayoría calificada del Senado o Congreso local; que la remoción sea únicamente por causas graves establecidas en la Constitución o por pérdida de confianza del titular del Ejecutivo, y que se prohíba recibir instrucciones en casos individuales. 

De otra manera, la fiscalía —no digo que en los casos actuales, pero sí queda la posibilidad remota— termina por cristalizarse como feudo político o contrapeso ilegítimo al gobierno electo.

En Nuevo León habría que reformar el Artículo 95 de la Constitución estatal y la Ley Orgánica de la fiscalía, integrando al fiscal al gabinete con autonomía operativa. 

Sentemos precedente nacional y demostremos a propios y extraños que sí podemos tener un Ministerio Público fuerte, profesional e independiente. 

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