Ya arrancó la carrera por las alcaldías de 2027, aunque nadie quiera llamarla así.
Del 8 al 18 de octubre, la Comisión Nacional de Elecciones que preside Citlalli Hernández recibe registros para las coordinaciones municipales de los Comités de Defensa de la Transformación.
Suena a trámite de oficina, pero en Tamaulipas todos sabemos que quien se quede con esa coordinación tiene medio camino andado para ser el candidato a presidente municipal. Vamos a lo que casi nadie ve. La convocatoria que avaló Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, obliga a renunciar a cualquier funcionario estatal, federal o municipal que quiera participar, pero a los alcaldes y a los diputados locales y federales los deja competir sin pedir licencia.
Bajado a nuestra tierra, un director del gobernador Américo Villarreal Anaya tiene que dejar su chamba y su sueldo para entrarle, mientras que una alcaldesa como Mónica Villarreal Anaya en Tampico, hermana del gobernador, podría buscar la reelección con oficina y agenda intactas.
Las reglas hablan de piso parejo y en la letra chiquita lo inclinan hacia quien ya tiene el poder. Otro cabo suelto es que Morena promete que no permitirá usar programas sociales ni dinero público, pero no dice quién va a vigilar al alcalde que reparte apoyos el lunes y se registra el martes.
Tampoco explica cómo se califica esa evaluación integral de perfiles ni cómo levantará la Comisión de Encuestas sus sondeos en cada municipio. El acuse de registro no garantiza nada y los resultados saldrán hasta el 31 de diciembre, cuando los grupos ya se habrán acomodado.
Aquí en casa, el dirigente estatal Rómulo Pérez Sánchez ha pedido unidad y prometió mano dura contra la guerra sucia. Ojalá cumpla, porque en los 43 municipios ya suenan los nombres de siempre y muy pocas caras nuevas. Entonces, si de verdad esto es para que el pueblo partícipe, ¿por qué quien tiene el cargo compite cómodo y el ciudadano de a pie arranca con desventaja? Una salida sería que Morena publique cada encuesta municipal con su método y sus números, para que la militancia tamaulipeca pueda revisarla y confiar.
SEIS BEBÉS TRAS LAS REJAS
Hay noticias que parecen pequeñas y cargan mucho peso. Esta semana el Centro de Ejecución de Sanciones de Victoria, por medio de su área de Trabajo Social, entregó pañales, toallitas, champú y cremas a seis niñas y niños menores de tres años que viven con sus mamás en el área femenil del penal.
Se agradece, porque un bebé no sabe de sentencias, solo sabe si tiene hambre o la piel irritada. Pero conviene también mirar lo que el comunicado no dice. La Ley Nacional de Ejecución Penal ya obliga al Estado a garantizar salud, alimentación y cuidados a esos menores, así que esto no es un favor sino un deber. La duda es si estos insumos tienen presupuesto fijo o dependen de una entrega ocasional que hoy llega y mañana quién sabe.
Aquí entran los responsables. El gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, encabezan el sistema penitenciario. En 2025 esa Secretaría instaló una Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social con el DIF Tamaulipas, Salud y el SIPINNA, entonces cabe preguntar sobre lo que lleva desde esa fecha realizado, es decir, su trabajo reflejado aquí. ¿Hay pediatra, vacunas al día y estimulación temprana para esos pequeños?
Y queda el cabo suelto más delicado. Al cumplir tres años esos niños saldrán del penal y se separarán de su mamá. ¿Quién acompaña ese momento y quién revisa con qué familia se van a vivir?
La propuesta es sencilla. Que la Secretaría publique cuántos menores viven en cada centro del estado, cuánto se gasta en su cuidado y qué protocolo existe para el día de la salida. Con datos abiertos, una buena acción deja de ser foto y se vuelve política pública que sobrevive a cualquier administración, porque esos niños no eligieron dónde nacer.
¡¡Yássas!!