Investigan presuntas agresiones en telesecundaria de Altamira

El presunto caso de violencia escolar registrado en la escuela telesecundaria Gerardo Tomás Gómez Castillo, de Altamira, ya se encuentra en manos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, instancia que realiza las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y establecer las posibles sanciones contra quienes resulten involucrados.

El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que el asunto fue turnado a las autoridades ministeriales y señaló que algunos de los involucrados fueron separados temporalmente de sus actividades mientras se desarrolla el procedimiento.

Advirtió que, dependiendo de los resultados de las investigaciones y los dictámenes periciales, las sanciones podrían llegar incluso a la separación definitiva del servicio.

El funcionario reconoció que los problemas de violencia, agresiones, acoso y bullying entre estudiantes han mostrado un incremento después de la pandemia, situación que, aseguró, no es exclusiva de Tamaulipas. 

Ante este panorama, destacó la implementación de programas de atención socioemocional en las preparatorias, con dos horas semanales destinadas a trabajar las emociones y prevenir conductas agresivas entre los jóvenes.

Explicó que estas acciones también contemplan la participación de los padres de familia, al considerar que algunas conductas violentas pueden tener su origen en situaciones que los menores enfrentan dentro del entorno familiar. 

En otro tema, al referirse a la situación laboral del director de la Escuela Secundaria Técnica Número 68 de Ciudad Madero, cuya reinstalación generó cuestionamientos, Valdez García aclaró que su regreso a las actividades responde a una resolución judicial emitida por la autoridad laboral, por lo que la Secretaría de Educación está obligada a acatarla y restituirlo en su puesto de trabajo con todos sus derechos.

El secretario explicó que la reinstalación no obedece a una decisión unilateral de la dependencia, sino al cumplimiento de una disposición legal que establece que el profesor debe regresar a la misma dirección donde desempeñaba sus funciones.

Señaló que, ante una resolución de esta naturaleza, la autoridad educativa debe proceder conforme a lo ordenado por la instancia laboral competente.

Finalmente, Valdez García reiteró que los casos de violencia escolar deben atenderse mediante los procedimientos correspondientes y que las sanciones deberán establecerse una vez concluidas las investigaciones, con el objetivo de garantizar que las responsabilidades se determinen conforme a derecho.