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Revisan notarías por denuncias patrimoniales
Uno de los asuntos bajo revisión está relacionado con 11 hectáreas en Playa Miramar, predios cuya situación jurídica ha sido cuestionada por las autoridades
Por Judith Castro | 23 Septiembre 2026
La función notarial en Tamaulipas se encuentra bajo una revisión más estrecha ante la acumulación de denuncias y quejas relacionadas con presuntas irregularidades en trámites y operaciones sobre propiedades, algunas de las cuales ya han llegado al ámbito judicial.
De acuerdo con información difundida en agosto por la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras López, alrededor de 12 notarios enfrentan denuncias relacionadas principalmente con presuntas modificaciones patrimoniales y transferencias de inmuebles sin autorización de sus propietarios. Los casos se concentran principalmente en Reynosa, Tampico y Ciudad Madero.
A este escenario se suman 41 quejas o investigaciones administrativas atendidas por la Dirección de Asuntos Notariales, así como 184 visitas de inspección realizadas a notarías activas, de acuerdo con información presentada ante el Congreso del Estado en mayo.
El caso más reciente corresponde a tres notarías del sur de Tamaulipas, que son investigadas por presuntas irregularidades relacionadas con operaciones inmobiliarias, según información atribuida al diputado local Claudio de Leija Hinojosa.
Uno de los asuntos bajo revisión está relacionado con 11 hectáreas ubicadas en Playa Miramar, en Ciudad Madero, predios cuya situación jurídica ha sido cuestionada públicamente por autoridades municipales.
Las investigaciones deberán determinar si existieron actuaciones irregulares en los procedimientos notariales y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes. Hasta ahora no se ha informado públicamente la identidad de los notarios involucrados.
El panorama ha puesto nuevamente bajo discusión la vigilancia de la función notarial y los mecanismos existentes para garantizar la seguridad jurídica de los bienes inmuebles, particularmente en operaciones de compraventa, escrituración y modificación de derechos sobre propiedades.
La legislación estatal establece mecanismos de supervisión e inspección de las notarías a través de la Secretaría General de Gobierno y la Dirección de Asuntos Notariales, además de procedimientos para determinar posibles responsabilidades cuando se detectan irregularidades.
Uno de los principales pendientes es precisar si los 12 casos denunciados judicialmente forman parte de las 41 investigaciones administrativas reportadas previamente o si corresponden a expedientes distintos.
También está pendiente conocer cuántos procedimientos han derivado en sanciones, cuántos fueron turnados a la Fiscalía General de Justicia y cuántos han concluido sin responsabilidad.
La información disponible muestra que el problema no se limita a un solo expediente, aunque será necesario que las autoridades concluyan cada investigación antes de establecer responsabilidades.
Mientras tanto, el tema coloca en el centro de la discusión la protección del patrimonio de los ciudadanos y la necesidad de garantizar que las operaciones realizadas ante fedatarios públicos cuenten con todas las medidas de seguridad jurídica.