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Abogados piden juicio político contra Mery Ayup
Cerca de 50 litigantes acusan al presidente del Poder Judicial de Coahuila de abuso de autoridad, obstrucción a la justicia y otras irregularidades
Por Rodolfo García | 24 Agosto 2026
Cerca de 50 abogados de Saltillo solicitaron al Congreso del Estado iniciar un juicio político contra el presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, a quien acusan de presuntos actos de abuso de autoridad, obstrucción a la justicia y designación de funcionarios sin experiencia ni méritos profesionales para ocupar cargos públicos.
La petición fue presentada por un grupo de litigantes encabezados por Apolinar Rodríguez Rocha, quien aseguró que actualmente no operan los órganos de Administración Judicial ni de Disciplina Judicial derivados de la reforma judicial aprobada el año pasado, situación que, afirmó, ha permitido una concentración indebida de funciones en la presidencia del Poder Judicial.
Según Rodríguez Rocha, esta situación ha provocado retrasos en la resolución de asuntos y afectaciones económicas para los ciudadanos involucrados en procesos judiciales, especialmente en materia mercantil.
“Este señor está violando el Código de Comercio, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El actual Código Civil y Familiar de Coahuila no contempla el llamado Juzgado Único; lo que contempla son juzgados por grado y por materia”, señaló.
El abogado criticó específicamente la implementación del sistema conocido como Ciudad Judicial y la creación del denominado Juzgado Único para la atención de determinados asuntos.
“En contra de eso crearon ese sistema de Ciudad Judicial, que existe en otros estados y los abogados también se están quejando porque no podemos ver a los actuarios ni a los jueces y las resoluciones tardan más de dos meses, lo que genera intereses en los juicios y afecta a los deudores”, agregó.
Acusan red de beneficios a acreedores
En la solicitud de juicio político también se plantea la existencia de una presunta red integrada por despachos de cobranza y personal de la Defensoría Pública que tendría acceso privilegiado a expedientes judiciales.
De acuerdo con los promoventes, el retraso en los procedimientos favorecería a los acreedores al incrementar los intereses acumulados en los litigios.
El documento entregado al Congreso señala que el Sistema de Administración Inteligente (SAJI) y las herramientas de Poder en Línea operan bajo estructuras administrativas ajenas a la función jurisdiccional.
“El sistema de gestión SAJI y las herramientas de Poder en Línea son operados por las direcciones de Informática e Innovación, las cuales dependen de la Oficialía Mayor y el Órgano de Administración Judicial, no de los jueces”, se precisa en el escrito.
Los abogados sostienen que esta situación permite que la carga de trabajo judicial sea administrada bajo criterios distintos a los estrictamente jurídicos.
“Esto significa que el personal técnico no es subalterno del juez, sino que obedece a directrices administrativas centrales que permiten que el sistema sea utilizado para controlar y filtrar carga de trabajo según intereses ajenos al juicio”, indica la denuncia.
Asimismo, los promoventes aseguran que dichas prácticas derivan en afectaciones patrimoniales para los ciudadanos involucrados en procedimientos mercantiles.
“Se obliga a los deudores a ceder ante extorsiones patrimoniales para detener el flujo de intereses”, añade el documento.
Señalan presuntas designaciones por vínculos políticos
La petición de juicio político también acusa a Mery Ayup de emitir acuerdos mediante los cuales presuntamente invade ámbitos de competencia de otros órganos del Poder Judicial y de favorecer el nombramiento de personas sin trayectoria jurisdiccional.
Los abogados afirman que se ha conformado una estructura administrativa integrada por perfiles con vínculos políticos, lo que califican como una “aduana administrativa” dentro del sistema judicial.
Entre los casos señalados se encuentra el de Marcos Ezequiel Solís Vega, actual titular de la Defensoría Pública, quien previamente se desempeñó como director de Desarrollo Institucional entre 2014 y 2017, periodo en el que Mery Ayup fungió como primer regidor de Saltillo.
De acuerdo con los denunciantes, en esa dependencia se privilegia el cumplimiento de indicadores administrativos sobre la calidad de la defensa jurídica y la litigación.
La solicitud fue presentada ante el Congreso local, instancia que deberá analizar los elementos expuestos por los promoventes y determinar la procedencia del juicio político solicitado.