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Cobros ilegales agotaron a transportistas y detonan paro nacional

Consideró que las autoridades federales deben reforzar la vigilancia en las carreteras y atender las denuncias para garantizar el traslado seguro de productos

Por Sergio Rodríguez | 29 Octubre 2026

Los robos en carreteras, las agresiones contra operadores y las presuntas extorsiones policiales colmaron la paciencia de los transportistas de carga, quienes recurrieron a un paro nacional para exigir condiciones seguras de trabajo.

 Miguel Ángel Reyna Adam, vocero del Foro de Abogados de Monclova, señaló que la suspensión de las movilizaciones abrió paso al diálogo con el Gobierno Federal, pero advirtió que las demandas del sector requieren soluciones concretas.

El abogado explicó que propietarios y conductores enfrentan problemas recurrentes en distintas entidades del país, desde exigencias económicas durante revisiones policiales hasta asaltos en los que pierden sus vehículos y mercancías. 

Consideró que las autoridades federales deben reforzar la vigilancia en las carreteras y atender las denuncias para garantizar el traslado seguro de productos.

Transportistas exigen frenar extorsiones y robos en carreteras

Reyna Adam afirmó que algunos agentes municipales y estatales presuntamente inventan infracciones para detener a los conductores y exigirles pagos de entre 10 mil y 15 mil pesos. Cuando los operadores aseguran que únicamente disponen de dinero para sus viáticos, los policías les piden contactar a sus patrones para conseguir las cantidades exigidas antes de permitirles continuar su trayecto.

De acuerdo con el abogado, estas situaciones mantienen las unidades detenidas durante periodos de media hora o hasta una hora, mientras las empresas realizan transferencias bancarias. También denunció casos en los que los conductores enfrentan amenazas de acusaciones por cohecho y el aseguramiento de sus camiones, lo que puede derivar en procedimientos ante el Ministerio Público y pérdidas para las compañías.

El representante del Foro de Abogados sostuvo que la inseguridad carretera se extiende más allá de Coahuila y requiere una respuesta nacional. Señaló que en algunas regiones del sur del país los delincuentes interceptan tractocamiones, golpean a sus operadores y se apoderan tanto de las unidades como de la mercancía transportada.

La combinación de estos delitos y los abusos que atribuye a determinados elementos policiales fue, dijo, uno de los factores que llevó al sector a manifestarse. Los transportistas buscan que las autoridades atiendan sus demandas de seguridad y establezcan condiciones para realizar sus recorridos sin exponerse a robos, agresiones o cobros indebidos.

El paro nacional se realizó el 26 de octubre y las movilizaciones fueron suspendidas al día siguiente, después de que las organizaciones transportistas acordaron establecer mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación. Las negociaciones contemplan asuntos de seguridad carretera, infraestructura, temas fiscales, seguridad social y condiciones laborales.

Reconoce avances de seguridad en Coahuila, pero pide supervisión policial

En el ámbito estatal, Reyna Adam reconoció los resultados del gobierno de Manolo Jiménez Salinas en materia de seguridad y señaló que Coahuila mantiene una imagen favorable a nivel nacional por sus condiciones de tranquilidad. Sin embargo, consideró que estos avances deben acompañarse de una vigilancia constante sobre las corporaciones municipales y estatales para prevenir presuntas extorsiones contra los operadores de carga.

Indicó que durante sus recorridos por Monclova, Saltillo y otras vías de comunicación observa unidades de transporte detenidas por elementos policiales. Por ello, pidió revisar las actuaciones que generan denuncias por cobros indebidos, amenazas de retirar vehículos y exigencias económicas a los conductores.

El abogado recordó que anteriormente algunos paisanos que viajaban desde Estados Unidos advertían sobre los abusos que podían enfrentar al cruzar Coahuila. Aunque reconoció que la situación mejoró, advirtió que las autoridades deben evitar que las conductas de determinados agentes deterioren la confianza construida alrededor de la seguridad estatal.

“¿De qué sirve que lo tengamos como el estado más seguro si es el que más extorsiona?”, cuestionó al pedir acciones contra los elementos involucrados en estas prácticas. Aclaró que no señala a todos los policías, sino a grupos específicos cuya actuación, sostuvo, debe investigarse para establecer responsabilidades y aplicar sanciones cuando corresponda.

Finalmente, Reyna Adam pidió al gobierno estatal reforzar los controles internos y al Gobierno Federal aumentar la vigilancia en las carreteras donde se reportan robos y agresiones contra transportistas. Consideró que la seguridad del sector debe contemplar tanto la protección frente a la delincuencia como la prevención de abusos durante las intervenciones policiales.

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