Proponen videovigilancia en bares por redes de narcomenudeo

La detención de 14 personas que operaban una red de venta de drogas dentro de bares del sector norte de Saltillo, la semana pasada, no solo encendió las alertas por el narcomenudeo en la vida nocturna en la capital de Coahuila, sino que detonó una nueva estrategia de seguridad: la conexión de cámaras privadas al sistema estatal de vigilancia, una medida que abre un debate entre eficacia policial y derechos ciudadanos.

El operativo, encabezado por la Agencia de Investigación Criminal y la Policía del Estado, permitió desarticular un esquema en el que presuntos distribuidores utilizaban su posición como meseros para ofrecer cristal, cocaína y mariguana directamente en las mesas de clientes. 

Las acciones derivaron en la clausura de tres establecimientos —Privé, Suite 290 y Rabbit— y en la apertura de carpetas de investigación por delitos contra la salud.

A partir de este caso, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, solicitó que los bares sancionados deberían instalar cámaras de videovigilancia y enlazarlas al Centro de Control, Cómputo y Comando C4, como parte de un acuerdo con las autoridades. 

Además, hizo un llamado a que otros establecimientos adopten este esquema, bajo el argumento de que la seguridad es una corresponsabilidad entre autoridades y sector privado.

Aunque actualmente no existe una obligación legal para enlazar sistemas privados al C4, la Fiscalía ya plantea llevar esta propuesta al ámbito legislativo y a reglamentos municipales, con el objetivo de consolidar una red de vigilancia más amplia en espacios de alta concentración social.

Sin embargo, la medida ha generado cuestionamientos en el ámbito político. 

Diputados locales han comenzado a analizar los alcances de esta estrategia, particularmente en lo relacionado con la protección de datos personales y los límites de la vigilancia en espacios privados abiertos al público.

Desde una perspectiva jurídica, el exsecretario de Seguridad Pública de Coahuila, Fausto Destenave Kuri, advirtió que la videovigilancia en bares y restaurantes es legal, pero no ilimitada. Señaló que la Constitución protege el derecho a la privacidad y a los datos personales, por lo que cualquier sistema de cámaras debe cumplir con principios como legalidad, proporcionalidad y finalidad.

Explicó que, si bien en estos espacios existe una menor expectativa de privacidad, los usuarios no pierden sus derechos, por lo que es obligatorio informar sobre la existencia de cámaras mediante avisos visibles y evitar prácticas invasivas como grabaciones en zonas privadas o sin consentimiento.

Detenave Kuri subrayó que el reto no es la instalación de cámaras, sino su correcta implementación, ya que un uso indebido podría derivar en sanciones por parte de autoridades como el INAI, además de responsabilidades legales para los establecimientos.

En este contexto, el modelo que comienza a perfilar la Fiscalía en Coahuila —una especie de red ampliada de videovigilancia con participación privada— plantea un escenario inédito: un sistema de seguridad más robusto para combatir delitos como el narcomenudeo, pero que al mismo tiempo obliga a definir con claridad los límites entre la prevención del delito y la protección de las libertades individuales.

El caso de los bares en Saltillo deja al descubierto una doble realidad: por un lado, la capacidad de las autoridades para infiltrar y desarticular redes delictivas en espacios cotidianos; por otro, la urgencia de establecer reglas claras sobre hasta dónde puede llegar la vigilancia en nombre de la seguridad.