Prevén riesgos para la inversión con reforma a Ley de Amparo

Para el sector empresarial del país, la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado de la República representa un grave retroceso, en un momento decisivo para la justicia constitucional en México. 

Y es que, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en esta reforma persisten disposiciones que limitan derechos fundamentales, ponen en riesgo la certeza jurídica y pueden frenar la inversión y la generación de empleo. 

El juicio de amparo, creado en el siglo XIX, ha sido un instrumento histórico que permitió a México ser referente mundial en justicia constitucional. 

“Negocios familiares, micro y pequeñas empresas como loncherías, papelerías, tortillerías, tintorerías o gimnasios han podido defenderse frente a abusos de autoridad. Por ello, cualquier cambio debe fortalecerlo y no restringirlo”, explicó. 

Y añadió: “Valoramos la apertura a escuchar voces sociales y empresariales, así como el reconocimiento a la figura del interés legítimo colectivo. No obstante, esta sigue siendo limitada y corre el riesgo de dejar sin representación a comunidades, organizaciones y empresas que históricamente han utilizado el amparo para defender causas sociales, ambientales y de salud pública”. 

La Coparmex reiteró en su postura que avala los ajustes realizados al dictamen, como la incorporación del interés legítimo colectivo y las sanciones a autoridades que incumplan sentencias. 

“Hacemos un llamado respetuoso y firme a todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para que corrijan el rumbo de esta reforma y escuchen a la sociedad civil, a la academia, a colegios de abogados y al sector productivo”, enfatizó. 

En opinión del especialista Ramón Cabrera, con esta reforma a la Ley de Amparo hay un retroceso en el acceso a la justicia y hay riesgos y preocupaciones latentes. 

“La reforma propuesta al juicio de amparo no es solo un tema técnico-jurídico. Está en juego la efectividad de nuestra principal defensa ciudadana contra actos de autoridad". 

En 2011 se amplió quién puede solicitar un amparo, pasando del interés jurídico estricto —en donde debe haber una afectación directa a la persona— al interés legítimo, que es más amplio y abre la puerta a que personas indirectamente afectadas puedan también acudir al amparo. Fue un avance democrático importante”, expresó. 

La reforma propone revertir este logro, limitando nuevamente el acceso al establecer una redacción que regresa en gran medida al interés legítimo a una especie de interés jurídico, añadió. 

“No podemos normalizar que se restrinjan derechos ya conquistados. Nos están robando nuestros derechos como ciudadanos —a ti también— en nuestras narices; no debemos quedarnos con los brazos cruzados”, enfatizó.

¿Qué es lo que temen los empresarios? 

Se corre el riesgo de dejar sin representación a comunidades, organizaciones y empresas que históricamente han utilizado el amparo para defender causas sociales, ambientales y de salud pública.  

Por ejemplo, un ciudadano o un negocio que busque detener una norma inconstitucional antes de que le cause un daño irreparable, ya no podría hacerlo si no demuestra ese interés inmediato. 

En materia de suspensión del acto reclamado, observamos rigidez que debilita la eficacia del amparo como salvaguarda inmediata.  

En casos como el bloqueo de cuentas bancarias o créditos tributarios, las restricciones impuestas impedirán a muchas empresas seguir operando mientras se resuelve el juicio.  

Esto puede traducirse en cierres de negocios, pérdida de empleos y afectaciones directas a la economía de miles de familias. 

Otro punto crítico es la limitación en la forma de garantizar créditos.  

Al exigirse únicamente depósitos en efectivo o cartas de crédito, se excluye la posibilidad de hacerlo con inmuebles, prendas o negocios en marcha, generando un esquema que favorece únicamente a quienes cuentan con alta liquidez y dejando en desventaja a micro, pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de la economía mexicana.