España procesará a esposa de Pedro Sánchez por cuatro delitos

La justicia de España ha dado por cerrada la instrucción de la causa y ha decidido procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente español, Pedro Sánchez, acusada de tráfico de influencias, corrupción, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El juez del caso rechazó prorrogar más la investigación en un auto divulgado este lunes en el que se archivan las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento por los mismos delitos contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

La causa contra Gómez fue abierta en abril de 2024 para investigar delitos como el de apropiación indebida, intrusismo o corrupción en los negocios, después de que el autodenominado sindicato Manos Limpias presentara una denuncia contra ella basada en informaciones de prensa.

Después de que se cerrara la instrucción, se les dio un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral y presenten sus escritos de conclusiones.

Esta orden de proceso se da después de que el juez del caso, Juan Carlos Peinado, afirmara haber encontrado indicios suficientes para procesar a Gómez por tráfico de influencias para conseguir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

Y es que, de acuerdo con Peinado, desde que Pedro Sánchez se convirtió en jefe del Ejecutivo de España a mediados de 2018, "se tomaron determinadas decisiones públicas" favorables a la cátedra y a su proyecto "que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional".

En este sentido, afirmó que su "sola condición de esposa de" pudo servir para influir.

En cuanto al delito de corrupción, considera que Gómez fue "la impulsora de la captación de fondos privados", no para esa cátedra universitaria pública, según los indicios, sino para "su patrimonio personal".

Así, el patrocinio o la financiación de la cátedra por empresas pudiera ser solo la apariencia de una "retribución encubierta por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno del esposo de la investigada".

También propone juzgar por malversación a Gómez y su asesora Álvarez por "tareas ajenas al cometido institucional del puesto" en relación con los servicios prestados por la segunda de ellas, retribuida con fondos públicos, a la primera, la esposa del presidente español.