EUA ha gastado 40 millones de dólares por deportar migrantes
Esto ha generado críticas en el Congreso de Estados Unidos por su costo, falta de supervisión y posibles implicaciones en derechos humanos.
- Por: María Fernanda Colunga
- 13 Febrero 2026, 08:52
La administración del presidente Donald Trump destinó al menos 40 millones de dólares para deportar a cerca de 300 migrantes hacia países distintos de sus naciones de origen, como parte de una estrategia para acelerar las expulsiones de extranjeros.
La política, impulsada durante el último año, ha generado críticas en el Congreso de Estados Unidos por su costo, falta de supervisión y posibles implicaciones en derechos humanos.
Informe revela costos y alcance de las deportaciones
Un reporte elaborado por personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado señala que el gobierno estadounidense realizó pagos globales de entre 4,7 millones y 7,5 millones de dólares a cinco países para aceptar migrantes deportados. Las naciones involucradas son Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Esuatini y Palaos.
El documento indica que El Salvador recibió a aproximadamente 250 ciudadanos venezolanos en marzo del año pasado, mientras que otros países recibieron cifras menores. Guinea Ecuatorial recibió 29 migrantes y, hasta el momento, Palaos no ha recibido deportados, según la revisión legislativa.
El análisis también advierte que estos acuerdos forman parte de un programa más amplio. Documentos internos revisados muestran que existen 47 negociaciones con terceros países en distintas etapas. De esos acuerdos, 15 ya fueron concluidos y 10 están finalizados o cerca de concretarse.
Gobierno defiende estrategia contra migración irregular
El Departamento de Estado ha respaldado la política y sostiene que forma parte del plan para frenar la inmigración ilegal. Funcionarios argumentan que las deportaciones permiten retirar del país a personas con antecedentes criminales o vinculaciones con pandillas.
“Hemos arrestado a personas que son miembros de pandillas y las hemos deportado. No queremos miembros de pandillas en nuestro país”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia del Senado.
Además, la administración negocia acuerdos con países que aceptarán solicitantes de asilo mientras se procesan sus casos migratorios. Existen 17 acuerdos en desarrollo y nueve ya entraron formalmente en vigor, aunque autoridades estadounidenses sostienen que no es necesario concluirlos para comenzar traslados.
Críticas por presuntas violaciones a derechos humanos
Organizaciones defensoras de migrantes han cuestionado la política al considerar que podría vulnerar el debido proceso y dejar a las personas deportadas en países con antecedentes de corrupción o violaciones a derechos humanos.
Durante una visita a Sudán del Sur, personal demócrata del comité reportó la existencia de una vivienda cercada y vigilada por guardias armados donde se mantenía a migrantes deportados, incluidos ciudadanos de Vietnam y México.
El informe también destaca que en varios casos el gobierno estadounidense pagó vuelos para trasladar migrantes a un tercer país y posteriormente financió otro traslado para enviarlos a sus países de origen.
“En muchos casos, los migrantes podrían haber sido devueltos directamente a sus países de origen, evitando vuelos innecesarios y costos adicionales”, señaló la senadora Jeanne Shaheen en un comunicado firmado junto a otros legisladores.
Señalamientos sobre beneficios políticos y económicos
El reporte menciona dudas sobre los beneficios que reciben los países que aceptan migrantes deportados. Comunicaciones diplomáticas publicadas muestran que Sudán del Sur solicitó apoyo estadounidense para procesar judicialmente a un líder opositor y aliviar sanciones contra un funcionario acusado de desviar más de 1,000 millones de dólares en recursos públicos.
Los legisladores también cuestionaron un pago de 7.5 millones de dólares enviado a Guinea Ecuatorial, realizado mientras Washington fortalecía vínculos políticos con el vicepresidente de esa nación, señalado internacionalmente por presuntos actos de corrupción y por mantener un estilo de vida lujoso investigado en varios países.
Los senadores demócratas solicitaron mayor supervisión sobre los acuerdos migratorios y exigieron evaluaciones detalladas sobre costos, impacto humanitario y resultados en materia de seguridad.
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