¡Insostenible! Gasto social en Francia: Expertos

Francia destina miles de millones de euros a la educación y mantiene uno de los niveles de gasto público más elevados de Europa. Sin embargo, sus escuelas enfrentan falta de profesores, edificios deteriorados y clases sin cubrir, mientras el Gobierno prepara ajustes presupuestarios por 43 mil millones de euros en medio de una crisis fiscal y política.

La situación refleja las dificultades de un modelo de Estado social que durante décadas ofreció amplias prestaciones y servicios públicos, pero que ahora enfrenta problemas para financiarlos sin aumentar la deuda o exigir sacrificios a la población.

Las protestas estudiantiles que comenzaron en los suburbios de París y se extendieron a otras regiones, con bloqueos escolares y episodios de violencia, evidenciaron la tensión entre las demandas ciudadanas y las restricciones financieras del Gobierno de Emmanuel Macron y del primer ministro Sébastien Lecornu.

Francia enfrenta así una doble presión: reducir el gasto para recuperar la confianza de los inversionistas puede aumentar el malestar social, mientras que destinar más recursos para contener las protestas podría agravar las dudas sobre la sostenibilidad de sus finanzas públicas.

Francia gasta más, pero las escuelas siguen sin profesores

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Francia destinó en 2022 alrededor de 18 mil 127 dólares por estudiante de secundaria superior, frente a los 14 mil 562 dólares del promedio del organismo. La diferencia representa un gasto 24.5% superior.

Sin embargo, en educación primaria, el gasto francés por alumno se ubicó 13% por debajo de la media de la OCDE. Estas cifras reflejan diferencias entre niveles educativos y muestran que la cantidad de recursos no garantiza por sí sola una atención adecuada.

De acuerdo con información difundida por Reuters, cerca de 10% de las horas lectivas en los institutos públicos franceses permanece sin cubrir. El problema se agrava cuando los profesores faltan y no hay sustitutos, lo que interrumpe las clases y profundiza las desigualdades entre centros educativos.

Las manifestaciones comenzaron en Créteil, en las afueras de París, y se extendieron a zonas obreras y regiones con mayores dificultades socioeconómicas. Los estudiantes también denunciaron el deterioro de los edificios, la falta de personal de enfermería y la insuficiencia de recursos para atender sus necesidades.

Ante la presión, el Gobierno anunció la incorporación de 3 mil profesores recién titulados para más de 500 centros educativos especialmente afectados. La medida, cuyo costo asciende a varias decenas de millones de euros, busca responder a las carencias inmediatas de un sistema que arrastra problemas acumulados durante años.

El Estado social enfrenta dificultades para financiar sus compromisos

El problema francés también tiene una dimensión económica y política. Mantener un Estado social amplio requiere ingresos suficientes y un crecimiento económico capaz de sostener sus compromisos a largo plazo.

Cuando los gobiernos amplían las prestaciones, los subsidios y los servicios públicos, la población incorpora esos beneficios a sus expectativas. Reducirlos posteriormente se vuelve políticamente costoso, incluso cuando las finanzas públicas dejan de ofrecer el mismo margen para financiarlos.

De esta manera, puede formarse un círculo difícil de romper: los ciudadanos exigen conservar los apoyos y mejorar los servicios; los partidos buscan ofrecer nuevas prestaciones o evitar recortes; y el Estado recurre al endeudamiento para cubrir la diferencia. Cuando el crédito se encarece, los ajustes presupuestarios pueden provocar nuevas protestas.

Una investigación de Michal Brzozowski y Joanna Siwinska-Gorzelak, investigadores de la Universidad de Varsovia, analiza la relación entre populismo y política fiscal. Los académicos advierten sobre un círculo vicioso en el que la inestabilidad de los mercados y la turbulencia política se refuerzan mutuamente.

El conflicto se intensifica cuando los partidos prometen mantener pensiones, apoyos y servicios públicos, al mismo tiempo que plantean reducir impuestos. Sin recortes en otras partidas, mayores ingresos o un crecimiento económico suficiente, esos compromisos pueden incrementar la presión sobre las finanzas públicas.

Francia prepara un ajuste de 43 mil millones de euros

La magnitud de la crisis se refleja en el plan de ajuste presupuestario por 43 mil millones de euros que enfrenta el Gobierno francés. El esfuerzo de consolidación fiscal ocurre en un contexto de déficit, mayores costos de la deuda e incertidumbre política.

La deuda pública de Francia alcanzó 3.59 billones de euros al cierre del segundo trimestre de 2026, equivalente a 119% del producto interno bruto (PIB), según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia (INSEE).

El endeudamiento acumulado equivale a casi 1.2 veces el valor de todos los bienes y servicios que produce el país en un año. A medida que aumentan las tasas de interés, obtener nuevos préstamos o refinanciar obligaciones se vuelve más costoso y una mayor proporción de los ingresos públicos debe destinarse al pago de intereses.

La presión también se refleja en el mercado de bonos. El rendimiento de los títulos franceses a 10 años se acercó a 5% en octubre, su nivel más alto desde 2002, mientras que la diferencia frente a los bonos alemanes alcanzó niveles no vistos desde 2011, de acuerdo con Reuters.

Estos rendimientos no implican un aumento automático de los intereses sobre toda la deuda existente, pero sí indican que el Gobierno enfrenta condiciones más costosas para obtener financiamiento nuevo o refinanciar sus obligaciones.

El ajuste presupuestario pone a prueba la capacidad de las autoridades para decidir qué gastos deben reducirse, cuáles necesitan protección y cómo evitar que la consolidación fiscal deteriore todavía más los servicios públicos.

Las protestas educativas recuerdan el conflicto de los chalecos amarillos

La situación actual evoca las protestas de los chalecos amarillos de 2018, que comenzaron contra el encarecimiento de los combustibles y se transformaron en una movilización más amplia contra el costo de vida y las políticas económicas del Gobierno.

En aquel momento, Macron anunció medidas por unos 10 mil millones de euros para contener el descontento, entre ellas concesiones fiscales y aumentos de ingresos para determinados trabajadores. La respuesta mostró que el Ejecutivo todavía podía recurrir a medidas económicas de gran escala, aunque estas también tuvieron un costo para las cuentas públicas.

Ocho años después, el panorama es diferente. Con una deuda cercana a 120% del PIB, altos costos de financiamiento y la obligación de reducir el déficit, el Gobierno dispone de menos margen para responder a cada crisis mediante nuevos compromisos presupuestarios.

Prometer recursos adicionales para las escuelas, ampliar subsidios o conceder alivios fiscales podría reducir algunas tensiones a corto plazo. Sin embargo, si las medidas carecen de financiamiento sostenible, también podrían intensificar la preocupación de los mercados.

El gasto militar aumenta la presión sobre el presupuesto

A las necesidades educativas y sociales se suma el incremento del gasto en defensa, impulsado por la guerra en Ucrania y los esfuerzos europeos para reforzar sus capacidades militares.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia informó que el presupuesto de la misión de defensa para 2026 aumentó en 6 mil 700 millones de euros respecto a 2025, hasta alcanzar 57 mil 100 millones de euros, sin contar las pensiones militares.

El Gobierno también planteó un incremento adicional de 6 mil 400 millones de euros para 2027. El rearme responde a prioridades estratégicas de Francia y sus aliados europeos, que buscan reducir vulnerabilidades y prepararse ante posibles amenazas.

Esto no significa que los recursos destinados a defensa se hayan retirado directamente de las escuelas. Ambos rubros responden a necesidades diferentes, pero compiten por fondos dentro de un presupuesto sometido a fuertes restricciones.

Los mercados exigen ajustes mientras crece el descontento social

La tensión francesa refleja un desafío que también enfrentan otras economías desarrolladas: los gobiernos necesitan equilibrar sus cuentas, pero los electores suelen rechazar las medidas que implican perder beneficios, pagar más impuestos o recibir servicios de menor calidad.

Los inversionistas evalúan la capacidad de los gobiernos para controlar sus déficits. Cuando consideran que las autoridades tienen dificultades para tomar decisiones fiscales, pueden exigir mayores rendimientos a cambio de prestarles dinero.

Al mismo tiempo, los partidos que prometen proteger las prestaciones sociales y rechazan los recortes pueden ganar respaldo entre los ciudadanos preocupados por su nivel de vida. Si esta dinámica se prolonga, el Gobierno queda atrapado entre las exigencias financieras y la resistencia social a reducir los beneficios existentes.

Francia enfrenta este escenario con un elevado endeudamiento y un panorama político fragmentado. Con las elecciones presidenciales de 2027 en el horizonte, los partidos opositores tienen incentivos para capitalizar el descontento por los servicios públicos y el costo de vida.

El desafío no consiste únicamente en decidir cuánto debe gastar el Estado, sino en establecer qué compromisos puede financiar sin comprometer su estabilidad futura. Para romper el círculo, Francia deberá mejorar la eficiencia del gasto, atender las necesidades más urgentes y estabilizar sus finanzas sin trasladar todo el costo del ajuste a los sectores más vulnerables.

De lo contrario, el país corre el riesgo de prolongar una espiral en la que las demandas sociales, las promesas políticas, el endeudamiento y los mayores costos financieros se refuercen entre sí, reduciendo su capacidad para responder a las necesidades de la población.