Ven en modelo estatista el origen de protestas en Francia

Las multitudinarias protestas que sacuden Francia han puesto nuevamente bajo cuestionamiento su modelo de Estado de bienestar, uno de los más costosos del mundo, pero que no ha conseguido evitar que millones de ciudadanos enfrenten dificultades económicas y manifiesten inconformidad con la calidad de los servicios públicos.

Para críticos del estatismo, como David Lisnard, alcalde de Cannes y presidente de la Asociación de Alcaldes de Francia, el problema radica en un sistema que concentra demasiadas responsabilidades en el Estado, fomenta la dependencia de las ayudas y termina imponiendo elevadas cargas económicas sin garantizar resultados proporcionales.

Lisnard ha cuestionado lo que denomina “estatismo social”, al considerar que puede debilitar la responsabilidad individual y perjudicar a las clases medias.

Sus críticas, expresadas en una columna, cobran relevancia ante el debate actual sobre la sostenibilidad del modelo francés.

Francia enfrenta un gasto social elevado y una pobreza persistente

Francia enfrenta una contradicción que amenaza con profundizar su crisis social: cuenta con uno de los sistemas de protección social más costosos del mundo, pero millones de personas consideran que sus ingresos ya no son suficientes para cubrir sus necesidades y que los servicios públicos no responden a sus expectativas.

Las protestas del 17 de octubre, que reunieron a cientos de miles de personas en distintas ciudades, reflejaron el descontento por el encarecimiento de la vida, las condiciones de las escuelas y el deterioro de los servicios públicos. Lo que comenzó con movilizaciones estudiantiles terminó incorporando a otros sectores inconformes con la situación económica y política del país, de acuerdo con Reuters.

El trasfondo es una discusión que Francia arrastra desde hace años: ¿cuánto puede gastar el Estado para proteger a sus ciudadanos sin comprometer sus finanzas públicas y qué tan eficaz resulta ese gasto para combatir la pobreza?

Los datos muestran la dimensión del desafío. En 2024, las prestaciones de protección social ascendieron a 932 mil 500 millones de euros, equivalentes al 31.9% del producto interno bruto (PIB), según la Dirección de Investigación, Estudios, Evaluación y Estadísticas de Francia (DREES). La cifra incluye prestaciones monetarias y servicios en especie, como pensiones y atención sanitaria.

A pesar de ese esfuerzo, la pobreza monetaria alcanzó al 15.4% de la población metropolitana en 2024, alrededor de 9.8 millones de personas, su nivel más alto desde que comenzó la serie estadística en 1996, según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee).

La coexistencia de un gasto social elevado y una pobreza persistente alimenta el debate sobre la eficiencia del modelo francés. Sin embargo, los datos no demuestran que las ayudas sociales hayan provocado por sí mismas el empobrecimiento ni que el Estado haya abandonado de manera generalizada estos apoyos.

Un sistema social cada vez más costoso

Francia se encuentra entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que más recursos destinan a la protección social en relación con su economía.

El organismo situó el gasto social público francés en alrededor del 30% del PIB en su informe Society at a Glance 2024, con datos de 2022. La cifra evidencia el tamaño del Estado de bienestar francés, que abarca pensiones, salud, prestaciones familiares y otras formas de protección.

El problema presupuestario consiste en sostener ese sistema mientras aumentan las obligaciones del Estado, particularmente por las pensiones y la atención sanitaria, y el endeudamiento limita el margen para financiar nuevas medidas.

Las cifras oficiales del Insee muestran que el gasto público francés representó el 57% del PIB en 2024. En ese año, las erogaciones por protección social aumentaron 35 mil millones de euros, hasta alcanzar 693 mil millones, sin incluir en esa categoría el gasto sanitario contabilizado por separado en dicha estadística.

Al mismo tiempo, el retiro progresivo de medidas extraordinarias para contener los precios de la energía redujo el gasto público en asuntos económicos. Esto significa que una parte del apoyo extraordinario que había amortiguado el impacto de la crisis energética dejó de operar, aunque las prestaciones sociales continuaron creciendo.

El caso ilustra la dificultad de mantener las ayudas: retirarlas puede aliviar las cuentas públicas, pero también deja a los hogares más expuestos a los precios; prolongarlas, en cambio, implica comprometer recursos fiscales durante más tiempo.

David Lisnard cuestiona el gasto y el estatismo

Una de las voces que ha cuestionado el funcionamiento del modelo francés es David Lisnard, alcalde de Cannes y presidente de la Asociación de Alcaldes de Francia, vinculado al partido conservador Los Republicanos.

En una columna publicada por L'Opinion el 9 de noviembre de 2022, Lisnard criticó lo que denominó “estatismo social”, al que responsabilizó de fomentar la dependencia de las ayudas, debilitar la responsabilidad individual y alimentar prácticas clientelares.

El político sostuvo que Francia necesitaba revisar profundamente su sistema social, que calificó como uno de los más costosos del mundo, para mejorar su desempeño y evitar que la carga económica terminara perjudicando a las clases medias sin proteger suficientemente a los sectores vulnerables.

No obstante, su artículo también defendió la autonomía financiera de los gobiernos locales. Lisnard argumentó que reducir o congelar los recursos transferidos por el Gobierno central a los municipios podía debilitar servicios públicos e inversión, con efectos negativos sobre la economía.

Su postura expone una distinción importante: cuestionar el costo del Estado de bienestar no implica necesariamente defender recortes indiscriminados. También supone discutir cómo se distribuyen los recursos, quién administra los servicios y si el dinero llega a quienes más lo necesitan.

Menos apoyos extraordinarios, más presión sobre los hogares

La discusión sobre el costo de las ayudas también se relaciona con los subsidios utilizados para amortiguar la crisis energética.

Durante 2022 y 2023, el Gobierno francés aplicó un mecanismo conocido como escudo tarifario para contener el impacto del encarecimiento de la electricidad y el gas sobre los consumidores.

Un estudio del Banco de Francia, publicado en julio de 2024, estimó que esas medidas redujeron acumulativamente la inflación en 2.2 puntos porcentuales durante 2022 y 2023 y elevaron el crecimiento económico en 0.3 puntos porcentuales frente a un escenario sin esas intervenciones.

Sin embargo, el organismo advirtió que mantener indefinidamente un mecanismo de esa naturaleza podría implicar un costo fiscal prohibitivo si el encarecimiento de la energía se prolongaba.

El Gobierno comenzó a retirar gradualmente parte de las medidas extraordinarias. Según el Insee, la eliminación casi completa de los mecanismos adoptados en 2022 y 2023 para limitar el impacto de los precios energéticos contribuyó a reducir el gasto público en asuntos económicos en 2024.

Esto permite identificar una de las tensiones del modelo: los subsidios pueden proteger temporalmente el poder adquisitivo, pero su retiro devuelve a los hogares parte de la presión de los precios que antes absorbía el Estado.

No significa que todas las ayudas sociales hayan desaparecido. De hecho, el gasto en prestaciones sociales siguió aumentando en 2024. La discusión se centra en la capacidad del Estado para sostener apoyos extraordinarios, financiar los servicios públicos y atender nuevas necesidades sin agravar su desequilibrio presupuestario.

La pobreza persiste pese a las prestaciones sociales

Las estadísticas francesas también muestran por qué el tamaño del gasto social no basta para medir sus resultados.

De acuerdo con el Insee, 9.8 millones de personas vivían por debajo del umbral de pobreza monetaria en Francia metropolitana durante 2024. Para una persona sola, ese umbral se situó en mil 337 euros mensuales.

El instituto también calculó que, antes de incorporar las prestaciones familiares a los ingresos de los hogares, el 22.3% de la población considerada en su medición estaba bajo ese umbral. Después de contabilizarlas, la proporción descendía a 19.8%.

La diferencia muestra que las transferencias sociales sí reducen la pobreza, aunque no bastan para eliminarla. Además, el indicador utilizado en esta comparación no incorpora todas las prestaciones ni equivale al efecto total del sistema de protección social.

Por ello, el debate no puede reducirse a que las ayudas sean inútiles o demasiado generosas. También debe considerar el costo de la vivienda, los ingresos laborales, la inflación, el desempleo y la capacidad de los servicios públicos para responder a las necesidades de la población.

La propia evolución de los ingresos aporta otro matiz: el Insee informó que el nivel de vida mediano aumentó 1.8% en términos reales durante 2024. Sin embargo, la pobreza se mantuvo en su máximo histórico de la serie y las desigualdades alcanzaron su nivel más elevado desde 1996.

Es decir, una mejora promedio en los ingresos no garantiza que todos los hogares experimenten una recuperación equivalente.

Las protestas reflejan un malestar que va más allá de los subsidios

El descontento que estalló en las calles francesas tampoco tiene una explicación exclusivamente presupuestaria.

El analista político Antoine De Laporte, de la Fundación Jean-Jaurès, señaló en declaraciones a Cadena SER el 19 de octubre de 2026 que la crisis socioeconómica, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades de los servicios públicos se combinaron para extender las movilizaciones más allá del ámbito educativo.

El especialista también destacó las limitaciones políticas del presidente Emmanuel Macron, quien afronta el final de su mandato sin una mayoría parlamentaria sólida que facilite la aprobación de un presupuesto y de medidas para responder a las demandas sociales.

Desde otra perspectiva, el periodista Daniel Verdú, en un análisis publicado por El País el 18 de octubre, vinculó las protestas con el deterioro de los servicios públicos, el endeudamiento y la falta de expectativas entre los jóvenes. En su análisis, el movimiento refleja una crisis política y generacional que no puede explicarse únicamente por el costo de las prestaciones.

Las reacciones de la oposición también muestran diferencias. Marine Le Pen, dirigente de Reagrupamiento Nacional, condenó la violencia y pidió evitar que Francia se acostumbre a las imágenes de destrucción. Jean-Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa, reclamó que Macron atendiera las demandas de los estudiantes.

Aunque ambos dirigentes representan alternativas políticas enfrentadas, sus posiciones evidencian que la discusión combina el reclamo de orden público con las exigencias de respuestas económicas y sociales.

El dilema francés: gastar más o gastar mejor

La crisis plantea una pregunta que trasciende a Francia: ¿puede un Estado mantener una amplia red de subsidios y prestaciones sin comprometer su estabilidad financiera?

Para quienes cuestionan el modelo, como Lisnard, el desafío es reducir la burocracia, mejorar la eficiencia y evitar que el sistema genere dependencia o penalice a las clases medias mediante impuestos elevados.

Para quienes subrayan las causas sociales de las protestas, el problema radica en que los ciudadanos enfrentan mayores dificultades económicas mientras perciben que la educación, la sanidad y otros servicios públicos pierden capacidad de respuesta.

Las cifras ofrecen elementos para ambas posiciones, pero también obligan a matizar el diagnóstico. Francia destina enormes recursos a la protección social y, aun así, registra niveles elevados de pobreza. Sin embargo, las estadísticas oficiales muestran que las prestaciones ayudan a reducirla y que el gasto social no ha desaparecido: continúa creciendo.

El verdadero dilema consiste en determinar si el Estado puede mantener esa protección, mejorar sus resultados y financiarla de manera sostenible. Porque retirar ayudas tiene un costo social, mientras que mantenerlas sin una financiación suficiente también puede trasladar el costo a las siguientes generaciones mediante impuestos, deuda o servicios públicos más limitados.

En las calles francesas, el malestar actual muestra que los ciudadanos no solo discuten cuánto debe gastar el Gobierno, sino también qué reciben a cambio y si ese esfuerzo económico se traduce en mejores condiciones de vida.