Jueza rechaza frenar redadas del ICE en Minesota

Una jueza federal de Estados Unidos rechazó este sábado la solicitud del estado de Minesota para obligar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a suspender las redadas masivas en su territorio, ordenadas por el presidente Donald Trump.

Minesota argumentó que la operación federal violaba sus derechos estatales. Sin embargo, la jueza Katherine Menendez determinó que “el balance de perjuicios no favorece de forma decisiva la concesión de una medida cautelar”, por lo que negó la suspensión solicitada.

La magistrada aclaró que su decisión no representa un fallo definitivo sobre la demanda general presentada por el estado, ni se pronunció sobre la legalidad de los operativos del ICE.

Redadas y protestas en el norte del país

Durante el último mes, las autoridades federales han llevado a cabo redadas en busca de migrantes indocumentados en Minesota.

La presencia de agentes migratorios generó tensión social y protestas en diversas ciudades del estado.

En el contexto de estas movilizaciones, dos manifestantes, Renee Good y Alex Pretti murieron a manos de agentes migratorios, lo que desató manifestaciones a nivel nacional y fuertes críticas a la actuación federal.

Rechazo político y social

La sentencia se da un día después de una protesta masiva de decenas de miles de habitantes de Minesota contra la operación Metro Surge, la cual también ha sido cuestionada por líderes demócratas del estado.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, expresó su inconformidad con el fallo. “Por supuesto que estamos decepcionados”, afirmó, al señalar que la decisión judicial no cambia “el miedo, la perturbación y los daños” causados por la operación federal.

Cambios en el mando y tensiones legales

Tras las muertes ocurridas durante las redadas, el presidente Trump sustituyó al comandante de Aduanas y Protección Fronteriza, Gregory Bovino, por Tom Homan, su principal operador en materia migratoria, quien prometió reducir los operativos en la zona.

El profesor David Schultz, de la Universidad de Hamline, sostuvo que el estado argumentó que el gobierno federal intentaba “forzar o coaccionar” a Minesota. Recordó que la fiscal general Pam Bondi envió una carta al estado tras la muerte de Pretti, la cual fue percibida como una amenaza.

Bondi, por su parte, calificó la decisión judicial como una “gran” victoria legal para el Departamento de Justicia y aseguró que ni las políticas de santuario ni los litigios impedirán la aplicación de la ley federal en Minesota.