Panamá libera a decenas de deportados por EUA

Después de semanas de demandas y críticas relacionadas con los derechos humanos, Panamá liberó el sábado a decenas de migrantes que llevaban semanas detenidos en un campamento remoto tras ser deportados de Estados Unidos, y les dijo que tenían 30 días para abandonar la nación.

Esto sumió a muchos, como Hayatullah Omagh, un afgano de 29 años que huyó de Afganistán en 2022 tras la toma Talibán del país, en un limbo legal y sin un camino claro a seguir.

Las autoridades han dicho que los deportados tendrán la opción de extender su estancia por 60 días si lo necesitan, pero después de eso muchos, como Omagh, no saben qué harán.

Grupos de derechos humanos y abogados que abogan por los migrantes estaban esperando en la terminal de autobuses y se apresuraron a encontrar refugio y otros recursos para los migrantes liberados. Decenas de otras personas permanecieron en el campamento.

Otros volvieron a mirar hacia el norte, diciendo que aunque ya habían sido deportados, no tenían otra opción que continuar después de cruzar el mundo para llegar a EU.

Los deportados, en su mayoría de países asiáticos, formaban parte de un acuerdo entre el gobierno de Trump, Panamá y Costa Rica mientras la Casa Blanca intenta acelerar las deportaciones. El gobierno estadounidense envió cientos de personas, muchas familias con niños, a los dos países centroamericanos a modo de escala mientras las autoridades organizan una forma de enviarlos de regreso a sus países de origen.

El acuerdo alimentó preocupaciones sobre derechos humanos cuando cientos de deportados detenidos en un hotel en Ciudad de Panamá colocaron notas en sus ventanas pidiendo ayuda y diciendo que tenían miedo de regresar a sus propios países.

Según la ley internacional de refugiados, las personas tienen derecho a solicitar asilo cuando huyen de conflictos o persecuciones.

Aquellos que se negaron a regresar a casa fueron enviados más tarde a un campamento remoto cerca de la frontera de Panamá con Colombia donde pasaron semanas en malas condiciones, fueron despojados de sus celulares, no podían acceder a asesoría legal y no se les informó a dónde irían después.

Abogados y defensores de derechos humanos advirtieron que Panamá y Costa Rica se estaban convirtiendo en “agujeros negros” para los deportados, y dijeron que su liberación era una forma para que las autoridades panameñas se lavaran las manos de los deportados en medio de crecientes críticas por violaciones de los derechos humanos.

Aquellos que fueron liberados la noche del sábado, como Omagh, dijeron que no podían regresar a casa.

Las autoridades panameñas negaron las acusaciones sobre las condiciones del campamento, pero bloquearon el acceso de los periodistas al lugar y cancelaron una visita de prensa planificada la semana pasada.

Aunque las organizaciones internacionales de ayuda dijeron que organizarían viajes a un tercer país para las personas que no querían regresar a casa, las autoridades panameñas dijeron que las personas liberadas ya habían rechazado ayuda.

Ese era el caso de algunos, como una mujer china que habló con la AP bajo condición de anonimato, temiendo represalias de las autoridades panameñas.

Al bajar del autobús, lo primero que quería hacer era encontrar una Coca-Cola. Luego, encontraría una forma de regresar a EU.