Se declara culpable traficante que extorsionó a mexicanos en EUA

Alexander Villatoro Moreno, conocido como “Quichi”, se declaró culpable en un tribunal federal de Florida por conspiración para cometer extorsión contra trabajadores mexicanos con visa agrícola H-2A, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El acusado, de 53 años, fue el último de cinco implicados en reconocer su culpabilidad por un esquema de explotación laboral que operó entre 2015 y 2017 y que afectó a jornaleros mexicanos dedicados a la cosecha de frutas, verduras y otros productos agrícolas en territorio estadounidense.

Extraditado desde México

Villatoro Moreno se declaró culpable de conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado.

El acusado fue detenido en enero de 2025 en el estado de Chiapas y posteriormente extraditado a Estados Unidos en noviembre del mismo año, tras un proceso de cooperación bilateral.

“El Gobierno de México, incluida la Fiscalía General de la República, brindó asistencia significativa en la extradición de Villatoro Moreno a Estados Unidos”, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.

La dependencia también indicó que la Oficina de Asuntos Internacionales del DOJ colaboró con autoridades mexicanas para concretar su captura y traslado.

Antes de su declaración de culpabilidad, cuatro socios del acusado ya habían sido procesados y condenados por su participación en la red de explotación laboral.

Entre ellos se encuentra su hermano Bladimir Moreno, quien en 2022 admitió su culpabilidad por conspiración bajo la ley RICO y por obligar a trabajadores a realizar labores forzadas.

Bladimir Moreno era propietario de la empresa Los Villatoros Harvesting, que contrataba jornaleros agrícolas para trabajar en granjas de Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte.

Por estos delitos fue sentenciado a 118 meses de prisión y al pago de 175 mil dólares en restitución para las víctimas.

También en 2022 fueron condenados los supervisores Efraín Cabrera Rodas y Christina Gamez, quienes recibieron sentencias de 41 y 37 meses de prisión, respectivamente.

Otra supervisora, Guadalupe Mendes Mendoza, se declaró culpable de conspiración para obstruir una investigación federal y fue sentenciada a ocho meses de arresto domiciliario y una multa de 5 mil 500 dólares, además de un periodo de libertad supervisada.

Engaño y amenazas contra trabajadores mexicanos

De acuerdo con el Departamento de Justicia, los acusados reclutaban de forma fraudulenta a ciudadanos mexicanos para ingresar a Estados Unidos mediante visas agrícolas temporales H-2A.

Una vez en el país, los trabajadores eran obligados a pagar tarifas de reclutamiento exorbitantes y recibían información falsa sobre salarios, horarios, condiciones laborales y reembolsos de gastos.

Las víctimas eran obligadas a trabajar entre seis y siete días por semana por salarios muy inferiores a los establecidos por la ley.

La investigación reveló que los responsables utilizaron diversos mecanismos de coerción, entre ellos:

Imposición de deudas a los trabajadores.

• Confiscación de pasaportes.
• Condiciones de vivienda hacinadas e insalubres.
• Abuso verbal y humillaciones.
• Amenazas de arresto, cárcel o deportación.
• Amenazas contra familiares en México.

Además, los jornaleros eran aislados y se les impedía interactuar con personas fuera de la empresa, lo que dificultaba denunciar la explotación.