Talibanes implementan Código Penal que legitima la violencia

Desde su primer llegada al poder en 1996, el Talibán ha impuesto una interpretación estricta de la ley islámica en Afganistán ligada directamente al Corán, con lo cual se han restringido de manera drástica los derechos de las mujeres, a quienes se les han aplicado castigos como latigazos cuando consideran que violan su código moral.

Y aunque muchas de estas restricciones fueron derogadas tras la invasión de Estados Unidos en 2001, el regreso de los talibanes en 2021 provocó que varias de ellas fueran reinstauradas y, en el último año, se han endurecido más que en el pasado.

Aprueban nuevo Código de Procedimiento Penal

Prueba de ello es que el pasado 4 de febrero el Emirato Islámico de Afganistán aprobó el nuevo Código de Procedimiento Penal para los Tribunales Talibán.

Este nuevo código consta de 119 artículos, tres capítulos y 10 secciones, en los cuales legitima la violencia doméstica contra mujeres y niños; legaliza la esclavitud al establecer categorías de amos y esclavos; clasifica a los opositores del Talibán como “herejes” y, entre otras disposiciones, autoriza a particulares a ejecutar castigos.

Artículo 32 elimina delito de violencia intrafamiliar

Uno de los puntos más críticos es el Artículo 32, en el cual se elimina la tipificación del delito de violencia intrafamiliar al considerar que las agresiones dentro del hogar no serán perseguidas por el Estado si el agresor alega una justificación moral o religiosa.

Además, la normativa establece una clasificación jerárquica de la sociedad afgana, dividiéndola en cuatro categorías: eruditos religiosos, élites, clase media y clase baja.

Con ello, cada grupo recibe un trato distinto ante la ley, pues las sanciones no dependen de la gravedad del delito, sino del estatus y la posición social del acusado.

Sanciones diferenciadas por estatus social

En este contexto, el clero y la élite solo reciben advertencias, amonestaciones o citaciones judiciales, mientras que la clase media puede enfrentar penas de prisión.

Paralelamente, la clase baja puede ser castigada con amenazas, golpes e incluso hasta 39 latigazos, según lo estipulado en el capítulo 3, artículo 9.

Mientras la comunidad internacional condena el nuevo código, Afganistán se consolida como el único país del mundo donde la violencia contra la mujer es, de facto, una política de Estado protegida por la ley.