Toque de queda en nueve provincias de Ecuador por ola criminal

El gobierno de Ecuador activó desde este domingo un toque de queda nocturno en al menos nueve de sus 24 provincias, como parte de una nueva ofensiva para contener la violencia vinculada al crimen organizado y reducir los homicidios que golpean principalmente a la región costera.

La medida, vigente del 3 al 18 de mayo, restringe la circulación de personas entre las 23:00 y las 05:00 horas, periodo en el que, de acuerdo con datos oficiales, ocurre la mayor parte de los hechos violentos.

El decreto aplica en las provincias costeras de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas; en Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha, donde se encuentra Quito; así como en Sucumbíos, en la región amazónica.

Además del toque de queda, el Ejecutivo prorrogó el estado de excepción decretado en abril, lo que también limita derechos como la inviolabilidad del domicilio y de correspondencia, permitiendo a las fuerzas de seguridad realizar allanamientos inmediatos.

Costa ecuatoriana concentra mayoría de homicidios

Según cifras gubernamentales, entre enero y abril de este año se registraron 2 mil 509 homicidios en Ecuador, de los cuales 2 mil 208, equivalentes al 88%, ocurrieron en provincias de la Costa, la región más afectada por la expansión de organizaciones criminales.

Las autoridades sostienen que Ecuador se ha convertido en un punto estratégico para el almacenamiento y distribución de droga a través de puertos del Pacífico con destino a Centroamérica, Estados Unidos y Europa, fenómeno que ha intensificado la violencia.

Esta es la segunda ocasión en que la administración del presidente Daniel Noboa decreta toque de queda, aunque en la primera fase la medida solo abarcó cuatro provincias.

El gobierno asegura que las restricciones previas tuvieron resultados positivos, por lo que decidió ampliar su alcance como parte de una estrategia de seguridad basada en militarización y control territorial.

Noboa ha construido una imagen política de firmeza frente al crimen, impulsando operativos de fuerzas armadas y policía para enfrentar a bandas vinculadas con narcotráfico, extorsión y sicariato.

Críticas por derechos humanos

La política de seguridad del Ejecutivo ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten riesgos por la suspensión recurrente de garantías civiles.

Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), calificó de “irresponsable” el manejo gubernamental de la crisis y alertó sobre los peligros de una estrategia basada en “toque de queda, militarización y discursos vacíos”.

A estas críticas se suma la preocupación expresada recientemente por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, debido a múltiples denuncias de desapariciones en el contexto de estados de excepción aplicados desde 2024.