Tribunal ordena juicio contra Begoña Gómez en España

Un tribunal español ordenó que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, enfrente juicio por presuntos delitos de corrupción y le impuso medidas cautelares que incluyen la entrega de su pasaporte y la prohibición de abandonar el país.

La resolución, difundida este sábado, establece además que Gómez deberá comparecer ante las autoridades dos veces al mes hasta que se emita una sentencia. El juzgado instruyó también a los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares para impedir cualquier intento de incumplir la restricción de salida.

El caso se centra en la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que fue codirigida por Gómez y en el supuesto uso de recursos públicos y contactos institucionales para favorecer intereses privados.

La decisión judicial se suma a otros procesos que afectan al entorno cercano del mandatario socialista. En abril, el juez Juan Carlos Peinado imputó formalmente a Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos.

La investigación comenzó en abril de 2024 para determinar si la esposa del jefe del Gobierno utilizó su posición para obtener beneficios personales. Tanto Gómez como Sánchez han rechazado las acusaciones.

Hasta ahora, el tribunal no ha fijado una fecha para el inicio del juicio.

Pedro Sánchez ha sostenido que el proceso forma parte de una estrategia impulsada por sectores de la oposición para debilitar a su Gobierno, que opera en minoría parlamentaria y depende de acuerdos con diversas fuerzas políticas.

Por su parte, partidos de derecha han exigido la dimisión del mandatario y la convocatoria anticipada de elecciones generales, previstas originalmente para el próximo año.

Además del caso de Gómez, David Sánchez, hermano del presidente, ha enfrentado en semanas recientes un juicio por presunto trato de favor en la obtención de un cargo público. Asimismo, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, considerado durante años uno de los principales colaboradores del mandatario, fue juzgado en abril por presuntas comisiones ilegales relacionadas con contratos públicos.