Acusación contra Rocha Moya exhibe nómina del cártel en Sinaloa

La acusación formal contra Rubén Rocha Moya no solo señala una presunta alianza política con Los Chapitos. También incorpora una de las documentales más fuertes del expediente para sostener el supuesto nexo de su gobierno con esa facción del Cártel de Sinaloa. Se trata de fotografías de listas escritas a mano, obtenidas en México durante la investigación, donde aparecen alias, cargos públicos y tarifas mensuales que, según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, correspondían a funcionarios y mandos de seguridad vinculados al aparato estatal y municipal sinaloense.

El expediente S9 23 Cr. 180 KPF, radicado ante una corte federal en Manhattan, coloca a Rocha Moya en el centro de la acusación. Lo identifica como actual gobernador de Sinaloa, jefe del Ejecutivo estatal y responsable de la seguridad interna del estado, incluida la supervisión de fuerzas policiales estatales y locales. La acusación sostiene que, desde que fue electo gobernador, y a cambio del apoyo de Los Chapitos en su elección, Rocha Moya habría permitido que esa facción operara con impunidad en Sinaloa y colocara funcionarios corruptos en puestos de poder dentro del gobierno estatal, gobiernos locales y agencias de seguridad.

Las listas que apuntan a la estructura de seguridad en el caso Rocha

La parte más concreta del expediente no está planteada como una acusación genérica de corrupción. Está documentada como una presunta nómina criminal. La Fiscalía de Nueva York y la DEA incorporaron fotografías de listas mensuales escritas a mano que, según la acusación formal, eran entregadas al jefe de plaza de Culiacán junto con una caja con grandes cantidades de efectivo.

La acusación dice que el jefe de plaza de Culiacán recibía cada mes de los líderes de Los Chapitos una caja con una gran cantidad de dinero en efectivo, acompañada de una lista de funcionarios públicos corruptos y de la cantidad que debía pagarse a cada uno por concepto de sobornos. El expediente agrega que algunos de los acusados aparecían habitualmente en esa lista porque recibían pagos mensuales regulares de Los Chapitos.

Ese punto le da mayor fuerza al caso contra Rocha Moya porque la acusación no se queda en reuniones, protección política o pactos de alto nivel. También presenta el supuesto funcionamiento interno de esa protección, con dinero contado, operadores, funcionarios identificados y pagos asignados dentro de una red que, según Estados Unidos, operaba desde áreas de seguridad y justicia de Sinaloa durante su gobierno.

La nómina escrita a mano

Las fotografías incluidas en la acusación muestran hojas rayadas con apuntes escritos a mano, montos en pesos y nombres o claves encerradas en rojo. En una de ellas aparece “Culiacán Regio” junto a una cantidad de $200,000 pesos. En otra figura “R1” con $300,000 pesos y “Tornado” con $100,000 pesos. En una tercera aparece “Juanito” con $30,000 pesos.

Según el propio expediente, esas listas mensuales fueron proporcionadas al jefe de plaza de Culiacán e incluían a agentes corruptos del orden público con sede en Sinaloa que recibían sobornos regulares de Los Chapitos. La acusación subraya que las listas fueron obtenidas en México en relación con la investigación.

En esas listas, los nombres marcados con círculo rojo se refieren a cargos oficiales ocupados por Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, quien lo sustituyó en ese mismo cargo. 

También se refieren directamente por nombre a José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector y comandante de la Policía Estatal de Sinaloa, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán. Todos aparecen dentro del mismo expediente federal donde Rocha Moya figura como acusado junto con otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

Alias, cargos y cuotas fijas

La acusación detalla las tarifas que, según Estados Unidos, recibían algunos mandos incluidos en esa nómina. Dámaso Castro Zaavedra, identificado en la lista como “Culiacán Regio”, habría recibido aproximadamente $200,000 pesos al mes de Los Chapitos, equivalentes a unos $10,893 dólares.

Marco Antonio Almanza Avilés y después Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, aparecen vinculados al cargo de jefes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. En la lista se les identifica como “R1” y la acusación les atribuye un soborno aproximado de $300,000 pesos mensuales, equivalentes a unos $16,670 dólares.

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, habría recibido aproximadamente $100,000 pesos al mes, unos $5,450 dólares. Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, habría recibido aproximadamente 30 mil pesos mensuales, alrededor de mil 667 dólares.

Lo que habría comprado el dinero

La acusación sostiene que esos pagos no eran para una simple omisión. El expediente afirma que los funcionarios que recibían sueldo de Los Chapitos tenían instrucciones de no detener a integrantes de esa facción y, en cambio, detener a sus rivales. También señala que agentes corruptos permitían la venta abierta de drogas en la calle, el porte de armas sin interferencia y el paso seguro de cargamentos de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.

El expediente agrega que funcionarios corruptos en Sinaloa proporcionaban a Los Chapitos, con frecuencia a través del jefe de plaza de Culiacán, acceso a información sobre investigaciones en curso, cateos e incautaciones planeadas por el Ejército o la Marina en laboratorios, casas de seguridad, armas, dinero y droga. Según la acusación contra Rocha Moya y los otros señalados, esa información permitía a la facción mover operaciones y retirar evidencia antes de los operativos.

El vínculo con la administración de Rocha Moya

La acusación federal sostiene que Rocha Moya habría permitido a los líderes de Los Chapitos colocar funcionarios corruptos en posiciones de poder dentro del gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en agencias encargadas del orden público. La investigación afirma que esos funcionarios alineados con Los Chapitos dentro de la administración de Rocha Moya protegieron las operaciones de tráfico de drogas de esa facción.

También señala que Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Sinaloa y actual senador, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno estatal, ambos bajo el mando de Rocha Moya, habrían actuado como enlaces entre los líderes de Los Chapitos y el gobernador. La acusación indica que transmitían comunicaciones sobre el apoyo de Los Chapitos a Rocha Moya a cambio de la protección de su administración.

En el caso de Díaz Vega, el expediente agrega que, antes de la elección de 2021, habría entregado a líderes de Los Chapitos nombres y direcciones de opositores de Rocha Moya para que esa facción pudiera amenazarlos y obligarlos a retirarse de la contienda por la gubernatura. Esa parte conecta la presunta nómina criminal con el señalamiento político central contra Rocha Moya.
El expediente pasa de los dichos a los registros

La fuerza de esta parte del caso está en que la acusación no se limita a señalamientos políticos. Estados Unidos afirma tener fotografías de listas manuscritas, recuperadas en México, donde aparecen alias, cargos y montos concretos. En el caso contra Rocha Moya, esas listas funcionan como el rastro contable de una presunta red de protección institucional.

La nómina burocrática del cártel, según la acusación, muestra cómo Los Chapitos habrían convertido áreas de seguridad y procuración de justicia en una estructura de servicio. Un jefe de plaza recibía el dinero y la lista. Los mandos tenían alias y cuota mensual. A cambio, la red presuntamente ofrecía impunidad, información privilegiada, protección de cargamentos, liberación de integrantes del cártel, detención de rivales y cobertura para operaciones criminales en Sinaloa.