Acusan a Lenia Batres de presunto abuso laboral

En la Casa de la Constitución, la Suprema Corte de Justicia, donde el debido proceso es regla y no discurso, este jueves estalló una acusación que golpea directo a la autollamada ministra del pueblo, Lenia Batres Guadarrama. Es señalada por presunto abuso laboral tras haber empujado despidos de personal de base bajo un esquema tramposo.

La denuncia proviene de tres abogados de base que venían de la ponencia que dejó el ministro Alberto Pérez Dayán y que fueron reasignados al equipo de Batres. El conflicto, según el relato, se detonó con una instrucción interna para trabajar en casa -home office- durante la semana del 2 al 6 de febrero de 2026. Sin embargo, en lugar de una validación administrativa de esa indicación, lo que llegó después fue un actuario con una notificación de baja por supuestas faltas injustificadas, como si esos días simplemente no hubieran existido para la institución.

La crítica no está solo en el despido, sino en el método. Los afectados sostienen que no se siguió el procedimiento previsto en las condiciones generales de trabajo, que obligan a notificar formalmente las faltas al cuarto día para que el trabajador pueda defenderse. En este caso, la queja afirma que se omitió ese paso y se avanzó directo a la salida. 

La escalada se agravó cuando los abogados acudieron a su representación sindical. La versión difundida señala que la ministra habría rechazado recibir a integrantes del sindicato, un gesto que, de confirmarse, retrata un cierre de puertas en el mismo lugar donde se defiende el derecho de audiencia.

El 12 de febrero de 2026, añade la denuncia, se emitió un oficio que formalizó la baja de esas plazas. Ahí se asentó el argumento de “repetidas faltas injustificadas” y se invocó una supuesta deficiencia en el desempeño, con el señalamiento de que esas omisiones habrían generado retrasos en labores jurisdiccionales. 

Los trabajadores también cuestionan el uso de figuras como “pérdida de confianza” para remover personal de base con derechos adquiridos, un recurso que, aseguran, no debería utilizarse como atajo para deshacer nombramientos protegidos por normas laborales internas. 

Así, la ministra queda colocada en el centro de un señalamiento incómodo.