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Acusan reforma judicial de debilitar contrapesos y alinear Corte
La JUFED acusó que la reforma judicial no corrigió los problemas de fondo del sistema y debilitó los contrapesos institucionales
Por Salvador Maceda | 14 Agosto 2026
La reforma judicial no corrigió los problemas de fondo del sistema de justicia y, por el contrario, debilitó los contrapesos institucionales y abrió paso a una Suprema Corte alineada con el gobierno, acusó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, JUFED.
Julia García González, directora nacional de la organización, sostuvo que el cambio constitucional aprobado en 2024 fue impulsado mediante una campaña de descalificación contra el Poder Judicial basada en datos que, aseguró, no correspondían con la realidad.
Según JUFED, se presentó a jueces y magistrados como privilegiados y se generalizaron señalamientos de corrupción para justificar la reforma.
Durante la Cumbre Nacional de Abogados realizada en Tijuana, García González aseguró que la nueva integración de la Suprema Corte ha mostrado una tendencia favorable al Ejecutivo en los asuntos de mayor relevancia.
“Hoy vemos con profunda preocupación una Corte capturada, en más del 80% de los asuntos relevantes defiende los intereses del gobierno. El mérito y la capacidad técnica fueron sustituidos por la lealtad política”, afirmó.
La dirigente de JUFED rechazó además que la corrupción haya sido una práctica generalizada dentro del Poder Judicial. Citó cifras correspondientes al periodo de 2021 a 2024, cuando fueron abiertos 4 mil 992 procedimientos disciplinarios, de los cuales 46 estuvieron relacionados con faltas graves de corrupción y sólo 18 personas fueron sancionadas.
A juicio de la organización, mientras el debate público se concentró en atacar a los juzgadores, quedaron pendientes problemas como la falta de presupuesto, la carga excesiva de trabajo y las deficiencias de las fiscalías. García González aseguró que el resultado ha sido mayor rezago, menos capacidad de atención y una justicia más lenta.
JUFED también denunció presiones contra jueces y magistrados de carrera mediante procedimientos administrativos y denuncias penales relacionadas con decisiones jurisdiccionales, además del incumplimiento de suspensiones y resoluciones dictadas en juicios de amparo.
Ante este escenario, la asociación anunció que continuará llevando sus reclamos a instancias internacionales, entre ellas la Relatoría Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.