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Advierten censura por regulación a radio y TV
Se reconoció que proteger a las audiencias puede ayudar a combatir la desinformación, promover el respeto a las minorías y mejorar la calidad de los contenidos
Por Salvador Maceda | 28 Julio 2026
Los concesionarios de radio y televisión podrían enfrentar multas y otras sanciones cuando persistan en vulnerar los derechos de sus audiencias y desatiendan las recomendaciones emitidas por sus propias defensorías, de acuerdo con los nuevos lineamientos que el Gobierno federal puso a consulta pública.
Ante esto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) advirtió que los nuevos lineamientos planteados para regular los contenidos de radio y televisión podrían abrir la puerta a la censura y permitir la intervención gubernamental en las decisiones editoriales de los medios de comunicación.
El posicionamiento surge luego de que el Gobierno federal anunciara que someterá a consulta pública las nuevas reglas sobre derechos de las audiencias.
La JUFED sostuvo que cualquier regulación en la materia debe garantizar la libertad de expresión y evitar mecanismos de control sobre el ejercicio periodístico y las decisiones editoriales.
La propuesta establece mecanismos para garantizar derechos como recibir información veraz y oportuna, distinguir entre información noticiosa y opinión, ejercer el derecho de réplica e identificar claramente la publicidad dentro de los contenidos.
La consulta, organizada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), se realizará del 27 de julio al 21 de agosto y está abierta a ciudadanos, especialistas, organizaciones y empresas del sector.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que el esquema busca establecer una ruta para que las audiencias puedan presentar quejas cuando consideren vulnerados sus derechos.
Entre las conductas señaladas se encuentra la difusión de información falsa o descontextualizada, así como presentar información histórica como si correspondiera a hechos actuales.
“Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir”, explicó Alcalde.
En casos extremos, añadió, podrían imponerse multas y sanciones cuando persista el incumplimiento.
La funcionaria precisó que las defensorías tendrán un plazo máximo de 20 días para atender y resolver las quejas presentadas por las audiencias.
Tendrán su propio defensor
Los nuevos lineamientos contemplan que los concesionarios de radio y televisión deberán contar con un Código de Ética y designar al menos a una persona defensora de las audiencias.
Esta figura deberá actuar bajo principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia y no tener conflictos de interés.
En las estaciones indígenas, afromexicanas y comunitarias, la persona encargada de la defensoría deberá pertenecer a la propia comunidad.
La regulación también busca garantizar que las audiencias puedan diferenciar claramente entre información y opinión, así como entre contenidos periodísticos y publicidad.
El antecedente de estas disposiciones se remonta a los lineamientos aprobados por el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que ya contemplaban la obligatoriedad de códigos de ética y defensorías para atender observaciones, quejas y señalamientos de las audiencias.
“Objetivo no es multar”
Sheinbaum defendió que el nuevo esquema pretende privilegiar la autorregulación antes que las sanciones.
“El objetivo no es estar multando”, sostuvo la mandataria, al explicar que serán las propias empresas las que nombren a sus defensores de audiencias y emitan sus códigos de ética.
El procedimiento contempla que, ante una inconformidad, primero intervenga la defensoría del propio concesionario. La CRT entraría posteriormente cuando las recomendaciones no sean atendidas y continúe la posible vulneración de derechos.
Sheinbaum sostuvo además que el derecho a recibir información veraz tiene sustento constitucional y destacó que los lineamientos todavía pueden modificarse a partir de las aportaciones recibidas durante la consulta pública.
Prensa y plataformas quedan fuera
La regulación se limita actualmente a los concesionarios de radio y televisión, por lo que no abarca a periódicos, revistas ni plataformas digitales.
Sheinbaum reconoció, sin embargo, que la posibilidad de extender algún tipo de regulación a esos sectores podría formar parte de una discusión posterior.
“En todo caso tendría que revisarse si es necesario o no, o las plataformas que tampoco están en esta regulación; son temas que están también a discusión de la sociedad”, señaló.
De esta manera, la prensa escrita y las plataformas digitales no forman parte del esquema sometido actualmente a consulta, aunque el Gobierno dejó abierta la discusión sobre si en el futuro deberían existir mecanismos similares para esos medios.
Jueces y magistrados alertan
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) advirtió que los nuevos lineamientos planteados para regular los contenidos de radio y televisión podrían abrir la puerta a la censura y permitir que el Gobierno intervenga en las decisiones editoriales de los medios.
El posicionamiento plasmado en un comunicado, viene en respuesta al anuncio del Ejecutivo federal de someter a consulta nuevas reglas sobre los derechos de las audiencias. La organización sostuvo que cualquier regulación debe respetar la libertad de expresión y evitar controles sobre el trabajo periodístico.
Según la agrupación, establecer límites o criterios oficiales sobre los contenidos que transmiten las radiodifusoras y televisoras puede reducir la pluralidad informativa y provocar que periodistas y medios eviten publicar asuntos incómodos por temor a sanciones.
También señaló que la regulación de las audiencias no debe convertirse en una herramienta para vigilar, presionar o castigar líneas editoriales. Afirmó que colocar la información bajo criterios burocráticos podría desalentar el periodismo de investigación y fomentar la autocensura.
La JUFED reconoció que proteger a las audiencias puede ayudar a combatir la desinformación, promover el respeto a las minorías y mejorar la calidad de los contenidos, pero consideró que esos objetivos no justifican una intervención excesiva del Estado.
La asociación sostuvo que la libertad de prensa no puede quedar sujeta a interpretaciones del Gobierno en turno y pidió que el debate se mantenga dentro de los límites constitucionales, sin imponer controles disfrazados de protección a las audiencias.
Finalmente, advirtió que una democracia no puede funcionar sin medios independientes y sin distintas voces dentro de la conversación pública. Por ello, exigió que las nuevas reglas no castiguen ni restrinjan la libertad de expresión.