Nacional

Avalan diputados ley de extorsión con penas de hasta 42 años

La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General contra la Extorsión, que endurece penas y obliga a crear unidades especializadas

  • Por: Emmanuel Escamilla
  • 26 Noviembre 2025, 07:38

La Cámara de Diputados aprobó el martes, con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención, la minuta en materia de extorsión devuelta por el Senado, con la que se crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

La normativa contempla castigos que pueden alcanzar hasta 42 años de prisión en casos agravados y deberá ser ratificada por la mayoría de los congresos locales para que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda publicarla en el Diario Oficial de la Federación.

La ley establece que quien obligue sin derecho a otra persona a entregar, hacer o permitir algo, con fines de beneficio propio o ajeno, enfrentará entre 15 y 25 años de cárcel, además de multas de 300 a 500 UMA.

Cabe señalar que dicha decisión eleva significativamente los rangos previstos originalmente, de 6 a 15 años, y responde a preocupaciones del Senado sobre posibles reducciones de pena para personas ya condenadas.

Por primera vez, el texto exige que las autoridades actúen “con pleno respeto a los derechos humanos”, una disposición que no figuraba en la versión previa.

Senado ajusta la reforma y Monreal defiende el proceso bicameral

Durante la discusión, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que, aunque cuestiona la estrategia de endurecer penas como única respuesta, se allanaría a los cambios realizados por la Cámara Alta.

Rechazó también los señalamientos sobre “narco gobiernos”, subrayando que la revisión entre cámaras es un ejercicio natural dentro del Congreso.

“Soy garantista, y a pesar de que voy a votar esta reforma, soy garantista”, afirmó.

Unidades especializadas y sanciones agravadas para funcionarios

La ley obliga a que fiscalías federales y locales integren unidades especializadas con personal capacitado, evaluado y certificado para atender delitos de extorsión, mientras estas áreas entran en operación, serán las unidades antisecuestro las que investiguen de manera provisional los casos.

Cuando servidores públicos o autoridades penitenciarias faciliten la comisión del delito, la pena aumentará entre 3 y 5 años adicionales.

Funcionarios que omitan denunciar actos de extorsión ante el Ministerio Público podrán recibir entre 10 y 20 años de prisión.

Sanciones por introducir tecnología a penales y destino de recursos

El dictamen también contempla penas de 6 a 12 años de cárcel para quienes introduzcan sin autorización a centros penitenciarios dispositivos electrónicos con capacidad de transmitir datos, voz o imágenes.

Además, los recursos producto de decomisos o de la extinción de dominio derivados de casos de extorsión serán canalizados preferentemente a la restitución de derechos de las víctimas.

Con la aprobación en San Lázaro, la reforma avanza hacia su fase final, a la espera del respaldo de los congresos estatales para convertirse en ley.

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