Congreso aprueba la 'Ley Antimemes'; oficialismo niega censura

La Cámara de Diputados aprobó este 21 de octubre una reforma al Código Penal Federal y a la Ley de Protección a la Propiedad Industrial que incorpora el nuevo artículo 403 Bis, bautizada por la oposición como “Ley Antimemes”. 

La iniciativa fue avalada por la mayoría de Morena y sus aliados con 312 votos a favor y 119 en contra, desatando un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión.

¿Qué dice la nueva ley?

El artículo 403 Bis castiga con uno a cinco años de prisión y multas económicas a quien utilice, reproduzca o imite la identidad gráfica, dominios o documentos oficiales de instituciones públicas con el fin de inducir al error o engaño para cometer un ilícito a escala comercial.

Mientras que la oposición asegura que la redacción es ambigua y busca intimidar a críticos, el partido oficialista defiende que la medida es estrictamente para combatir fraudes, estafas y la falsificación de páginas de gobierno.

El choque entre oficialismo y oposición

Durante la discusión, legisladores de partidos opositores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano colocaron pancartas y memes en sus curules. 

Su propuesta central era sencilla: agregar una excepción explícita para que la ley no aplicara en casos de periodismo, humor, sátira, parodia, crítica u opinión. Ofrecieron aprobarla por unanimidad si se incluía este candado, pero Morena lo rechazó.

El panista Marcelo Torres Cofiño calificó la medida como "terrorismo de Estado" al señalar que conceptos como "documento oficial" son confusos y podrían usarse para encarcelar a caricaturistas o ciudadanos que expongan casos de corrupción.

Por su parte, Rubén Moreira (PRI) advirtió que, aunque el Ejecutivo afirme que no se aplicará contra la crítica, la ley tal como está redactada no lo garantiza. Gibrán Ramírez (MC) cuestionó cómo se probará la "intención" de cometer un delito y criticó que se afecte también al comercio informal.

En respuesta, el diputado morenista Arturo Ávila negó rotundamente que se trate de una censura a moneros o periodistas.

Explicó que el objetivo es frenar fraudes reales, como páginas web falsas que suplantan a dependencias gubernamentales para robar dinero a los ciudadanos, tal como ocurrió en un caso de 2024. Sostuvo que la reforma protege a los ciudadanos y cumple con acuerdos comerciales internacionales.

Con esta aprobación, el dictamen pasa a las siguientes etapas del proceso legislativo mientras persiste la polémica sobre su verdadera aplicación.