Crece rechazo de juristas a acusación hacia Jáuregui por traición

La acusación de traición a la patria contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, enfrenta fuertes cuestionamientos de especialistas en derecho penal que consideran desproporcionado aplicar este delito por la participación de agentes de la CIA en operaciones contra el narcotráfico y advierten posibles motivaciones políticas detrás de una imputación que, a su juicio, carece de sustento jurídico.

En entrevistas con El Horizonte, Simón Herrera Bazán, embajador en México de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, y diplomado por el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Göttingen, Alemania, cuestionó la aplicación de una figura jurídica que considera rebasada por la realidad actual. “Tratar de aplicar un derecho penal postrevolucionario a una actualidad en donde prácticamente la justicia se encuentra en una franca crisis”, expresó al criticar lo que considera una justicia utilizada con fines políticos.

Rodrigo Ugalde, especialista en derecho constitucional, penal y administrativo, con experiencia en combate a la corrupción, advirtió que la Fiscalía General de la República (FGR) debe demostrar algo más que una posible irregularidad en la colaboración con agentes estadounidenses. “Defender la soberanía también exige respetar la Constitución, o sea, una colaboración irregular no equivale automáticamente a traición a la patria. Eso es un hecho. En la modalidad, sobre todo que se le pretende imputar, debe acreditarse la finalidad de someter a México un poder extranjero”, sostuvo.

Camilo Ramírez, abogado penalista, especialista en seguridad y legislación, consideró que el procedimiento contra Jáuregui está rodeado de circunstancias políticas que impiden tratar la acusación como una responsabilidad penal demostrada. “Todo está dado dentro de una coyuntura. Este tema no empezó con la acusación al fiscal o fiscal. Este tema empezó en contra de la gobernadora. Este huele más a político que a jurídico”, afirmó.

Herrera Bazán fue más severo al cuestionar la actuación de las autoridades y las consecuencias de utilizar una figura penal que, a su juicio, no corresponde a los hechos atribuidos al exfiscal. “El problema es que estamos frente a una justicia a la carta, en una justicia que prácticamente obedece a caprichos de gobierno, caprichos de las fuerzas políticas, pero no de la gobernanza”, manifestó.

Dos agentes extranjeros no someten a una nación

Ugalde consideró que la presencia de agentes de la CIA en un operativo contra un laboratorio clandestino no demuestra por sí misma una conducta de traición a la patria, aunque reconoció que cualquier irregularidad debe investigarse y sancionarse conforme a la ley. “Aquí no hay un sometimiento a la patria por donde se quiera ver. Dos agentes y dos personas no pueden someter a una nación completa”, señaló.

El especialista también cuestionó que Jáuregui permanezca en una prisión federal de máxima seguridad por una acusación cuya clasificación jurídica considera excesiva. “No todo tiene que ser prisión; la prisión realmente debe ser la última ratio, la última instancia, porque, pues, es la libertad de una persona”, sostuvo al advertir que una reclasificación del delito podría abrir la posibilidad de que el exfiscal recupere su libertad.

Advierten consecuencias de una acusación sin sustento

Camilo Ramírez pidió evitar que una imputación de esta naturaleza se convierta en una condena pública antes de que concluya el procedimiento judicial, particularmente por las implicaciones de llamar traidor a la patria a un exfuncionario. “No es posible que a priori se condene a alguien y se le juzgue de traído a la patria. Eso es gravísimo”, advirtió al insistir en la necesidad de actuar con responsabilidad frente a un señalamiento de semejante gravedad.

Investigaciones del New York Times tampoco señalan a Jáuregui

El abogado defensor Héctor Villasana también recurrió a la investigación de The New York Times publicada el 10 de noviembre para señalar que el periódico estadounidense no identificó a César Jáuregui como responsable de autorizar o tener conocimiento de las operaciones de agentes de la CIA en Chihuahua. “No hay una sola referencia, aun ahora en la investigación que hizo el New York Times, que dirija a que el licenciado Jáuregui tenía conocimiento o haya autorizado la presencia operativa de estas personas”, sostuvo.

Una segunda publicación de The New York Times, fechada el 12 de noviembre, concentró nuevamente sus revelaciones en Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, identificado como el funcionario que coordinó directamente las actividades con la CIA, sin presentar señalamientos concretos de participación personal contra César Jáuregui, aunque mencionó su detención y la acusación de traición a la patria.

Guillermo Arturo Zuany Portillo huyó a Estados Unidos para evitar su captura y se encuentra bajo custodia del gobierno de la Unión Americana, mientras enfrenta una orden de aprehensión en México por su participación en las operaciones de agentes de la CIA en territorio estatal.